José María Fuentes, quien fuera asesor de este proyecto, se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión. Se ha acogido a su derecho de no declarar ante las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular
La ambiciosa promesa de convertir Salamanca en un referente internacional, el 'nuevo Dubái' bajo el nombre de 'Peace City World', ha llegado a la Audiencia Provincial de Salamanca. Se ha celebrado la vista oral del juicio contra José María Fuentes, quien fuera asesor de este proyecto y del consistorio salmantino entre 2020 y 2023. Se enfrenta a un presunto delito de falsificación de documentos públicos y otro de estafa, vinculados a su gestión y promoción de la iniciativa.
José María Fuentes, acusado, se ha acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas del Ministerio Fiscal así como de la acusación. Por su parte, sí ha respondido a las preguntas de su abogado.
Ante estas cuestiones, ha explicado en qué lugares ha trabajado con antelación. "La documentación parece que la acusación la ha perdido cuando se le pide reiteradamente; igual que informes y otra documentación", ha insistido.
Sobre la contratación, "lo que yo conozco cuando veo los pliegos y decido presentarme, veo que se ajustan a mi experiencia profesional, se ha acreditado que esos diagnósticos fueron aceptados y llevaron a actuaciones". Entre las ideas menciona convertir Salamanca en polo tecnológico, atraer y crear un catálogo para enseñar a los inversores fuera.
Sin embargo, tras la declaración del alcalde de Salamanca, ha expresado que "lo que yo no puedo controlar es que el alcalde venga a esta sala y mienta y diga que no conoce mi trabajo cuando me ha acompañado. Yo tendré que demostrar que mi trabajo ha dado mucho fruto. Es obvio que mi trabajo ha tenido fruto, yo simplemente contesto a que la acusación dice que no hubo un buen resultado y yo estoy diciendo que sí lo tiene".
Para finalizar, ha explicado que "no sabe cómo llegan esos documentos así". A la pregunta del juez sobre si es Licenciado en Económicas, ha expresado que "yo nunca he dicho que lo fuera".
Fuentes, en la Audiencia Provincial de Salamanca
En su turno de última palabra, el procesado reivindicó el valor de su trabajo, cifrando su impacto económico "entre 1 y 2 millones" según la Sociedad de Turismo, y lanzó duras acusaciones contra el alcalde, al que tildó de "mentir" y de exigir "millones en la maleta" para avanzar proyectos.
El alcalde sale en prensa mintiendo, como lo ha hecho hoy aquí". En defensa de su gestión, el procesado enumeró varios logros, como un congreso con ingresos reconocidos públicamente por el alcalde, el uso continuado de sus "diagnósticos", la firma de un "acuerdo con una ciudad importantísima" o la consecución de "la candidatura de la ciudad a capital de las artes escénicas".
Finalmente, el acusado contrapuso el supuesto daño económico al consistorio con su propio "perjuicio moral". Concluyó su alegato pidiendo "seriedad y criterio" y sentenciando: "Me parece inaudito por un trabajo que ha beneficiado a la ciudad, y que si alguien ha perjudicado a la ciudad es el alcalde con su actitud".
Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha sido la primera persona en declarar ante el tribunal como testigo en la vista oral del juicio por el Peace City World, un proyecto que pretendía convertir a Salamanca en 'la nueva Dubái'. En lo que respecta a los resultados obtenidos por Fuentes en su puesto de asesor, Carbayo ha destacado que "los resultados fueron cero inversiones para la ciudad de Salamanca".
Juan José Sánchez Alonso, antiguo concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, ha sido también testigo en la vista oral. Sobre el contrato firmado con Fuentes, tras resultar adjudicatario del concurso público, su labor "era firmarlo". Asegurando que ya se lo dieron redactado. "Yo firmo las facturas por las actividades que realizaba y cada 6 meses mandaba un informe, se generaba la factura y me la pasaban a mí para la firma. Solo el sueldo, no había más dietas.
El contrato era de servicios de asesoramiento para atraer inversión a Salamanca e internacionalización. Las cantidades que se le pagaban eran las convenidas, no se le pagaba "ningún tipo de sueldo". Con respecto a la licitación, "la sacamos porque veíamos que era una carencia de la ciudad, el atraer inversión, tras una reunión en Valladolid valoramos lanzar una adjudicación pública".
"No hubiera firmado el contrato" si hubiera sabido de las irregularidades, ha expresado Sánchez. Sobre su labor, ha expresado que Fuentes presentó "un estudio y diagnóstico de la ciudad, un análisis general de la ciudad y dónde se podía mejorar. De ahí sacamos una catálogo que lanzamos para posibles inversores y nos facilitó una base de datos de organismos e entidades. Después se dedicó más a la internacionalización", ha expresado. "Él lanzó unas generalidades que nos sirvieron de base pero no estuvo en los proyectos", añadiendo que en la actualidad "no ha llegado" ese retorno y que en el futuro "no lo sé".
Tras él ha testificado la gerente de Promoción Económica del consistorio en aquel momento, encargada de compulsar los documentos. Con respecto a estos documentos, "esos documentos originales sí existen, porque yo los he visto para compulsarlos", ha expresado. Unos documentos que carecían del sello de la Universidad. "En ese momento no me llamó la atención, porque está el logotipo de la universidad y no me paré en que faltase el sello", ha expresado.
Además "había más documentación acreditativa, en las que también se mencionaba a las titulaciones, y existían varios documentos que hacían ver que la licenciatura estaba".
Por su parte, el que fuera en aquel momento rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero. Sobre la titulación del certificado de notas de Fuentes "tuve conocimiento y los trasladé a la fiscalía", y a la institución se le pidió presentar la documentación como que había estudiado allí. "Había algunas asignaturas superadas que no coincidían. No recuerdo, sé que tenía créditos pendientes pero no sabria decirle cuáles", ha expresado, añadiendo que sí había asignaturas que no había superado y que hubo cambios en las notas.
El Ministerio Fiscal solicita para el ex asesor una pena de cuatro años de prisión. Además de la pena privativa de libertad, la acusación fiscal incluye una solicitud de multa de 22 euros diarios durante un periodo de once meses. Asimismo, se reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil que asciende a 135.000 euros, destinada al Ayuntamiento de Salamanca.
Junto al Ministerio Fiscal, ejercen este papel el propio Ayuntamiento de Salamanca, principal afectado por la cuantía de la indemnización solicitada. También se han sumado a la acusación el Servicio de Turismo, Comercio y Promoción Económica de la ciudad y la Universidad de Salamanca. Aumentan la pena, pidiendo dos años y seis meses de prisión, una multa de once meses de 12 euros diarios. Y por estafa, piden 3 años y once meses de multa.