Frente a estas violaciones, se hace una llamada a la esfera internacional para juzgar al Estado de Nicaragua, pues como principal garante de los derechos de sus ciudadanos, los está violando de manera sistemática.
Lucía Rubio García
Defensora de los derechos humanos
En 2023, un informe del grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) presentaba una serie de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno que, de manera generalizada, suponen la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Desde 2018, la situación en Nicaragua es nefasta, pues ese año se registró la muerte de más de 350 personas que se manifestaban contra el gobierno. En 2021, las elecciones volvían a escoger sospechosamente a Ortega como presidente, por quinta vez consecutiva, continuando con su persecución hacia partidos opositores y hacia ONG, y arrebatando la ciudadanía a personas bajo la premisa de «traidores a la patria».
Entre todas las situaciones que suponen violación de los derechos humanos se encuentran: actos de tortura, detenciones ilícitas, ejecuciones extrajudiciales, el cierre de espacios cívicos y públicos, la cancelación de personalidades jurídicas de unas 3.000 organizaciones y las acciones contra la Iglesia católica. Todo ello, parece, con el único objetivo de prolongar el mandato del presidente.
La investigación por parte de la ONU se realizó mediante una serie de entrevistas a personas que viven en Nicaragua y a muchas otras que huyeron del país tras los incidentes de 2018, por miedo a que el gobierno les detuviese o, mucho peor, que les asesinaran. Esto deja claro que el gobierno se niega a proporcionar información a cualquier organización internacional, o incluso a cualquier país que quiera acceder. Esto último se refleja en que, en enero de 2025, han sido expulsadas del país Save The Children y otras catorce organizaciones, además de decretar el cierre inmediato de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación.
El calificativo de crímenes de lesa humanidad, expone GHREN, deriva de la gravedad de los actos perpetrados por el gobierno, lógicamente prohibidos por el derecho internacional: en Nicaragua se busca eliminar y perseguir a la oposición, lo que se llega a asimilar en ciertos aspectos con la persecución de los judíos en la Alemania nazi. Este permanente y sistemático ataque a la oposición, o incluso a la posible oposición, se caracteriza por múltiples acciones como las deportaciones forzadas, los asesinatos o la retirada de la nacionalidad, siendo las personas despojadas de sus bienes y de sus hogares.
Dentro de estas persecuciones a los «enemigos del Estado», en Nicaragua se señala a la Iglesia, lo que se ha materializado en que el Ministerio del Interior sea una herramienta a manos del gobierno para reprimir a cientos de organizaciones religiosas, creando reglas especiales para las visitas de figuras y misioneros extranjeros. Sin embargo, encontramos datos como que el 95 % de los nicaragüenses se consideran cristianos, lo que les ha causado persecuciones, detenciones, el cierre de colegios, canales de televisión e incluso organizaciones benéficas.
Todos estos crímenes tienen como principales responsables al presidente, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario Murillo, aunque han requerido para su efectividad a muchas otras personas, también en los poderes legislativo y judicial.
Respecto al poder legislativo, hace apenas unos días conocimos la última reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, modificando casi la totalidad de artículos de la Carta Magna y derogando casi cuarenta de ellos. Dentro de esta reforma, se amplía el mandato presidencial a seis años, se crea la figura de «copresidente» y se sitúa al poder ejecutivo como coordinador del resto de «órganos», es decir, del poder legislativo, judicial y «electoral», así lo define el nuevo artículo. Se suma a todo ello la oficialización de la apatridia que mencionábamos anteriormente y se amplía el rol del ejército en la economía y la política.
Todo ello supone la consolidación de un régimen autoritario que atenta contra una gran suma de derechos humanos y que infringe drásticamente la separación de poderes. Prueba de ello es el reparto de cargos presidenciales que el matrimonio (presidente y copresidenta) han realizado con ocho de sus nueve hijos: tres de ellos dirigen dos canales de la televisión pública, la mujer de uno de ellos es la gerente de la empresa estatal que distribuye el petróleo en el país, y la mujer de otro dirige la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Aunque el más influyente de todos es su hijo Laureano, quien ejerce de asesor presidencial respecto a inversiones, comercio y cooperación internacional.
Frente a estas violaciones, se hace una llamada a la esfera internacional para juzgar al Estado de Nicaragua, pues como principal garante de los derechos de sus ciudadanos, los está violando de manera sistemática. Además, para las personas con doble nacionalidad, se solicita a esos otros países que efectúen la protección sobre las personas que también son ciudadanas suyas, de nuevo solicitando la responsabilidad penal de las acciones.
Sin embargo, también están surgiendo iniciativas por parte de otros países, como España, para paliar los terribles efectos de estas medidas. Estas iniciativas se basan en ofrecer la nacionalidad española a las personas que han sido expulsadas del país, si bien es cierto que esta respuesta no soluciona el conflicto, pues estas personas han sido alejadas de sus familias, de sus culturas y de su identidad.