Califican de "absolutamente inaceptable” que los trabajadores del sector sanitario “sigan siendo víctimas de agresiones y amenazas"

UGT Servicios Públicos Salamanca exige a la Consejería de Sanidad de Castilla y León medidas “inmediatas y efectivas” para evitar las “agresiones verbales y amenazas físicas” en diferentes centros de salud de la capital salmantina.

Por ello, este sindicato ha presentado una denuncia ante esta Consejería en la que se relatan los casos de agresiones que se han producido y para alertar de las “medidas superficiales y temporales” adoptadas por el Gobierno autonómico.

UGT Servicios Públicos Salamanca considera que “esta dejación de funciones por parte de la Administración constituye una clara negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de velar por la seguridad del personal, lo que vulnera los derechos de los trabajadores”.

Ante el incremento de estas agresiones y coacciones, como las que se han producido en el Centro de Salud Casto Prieto, el sindicato solicita que se adopten “medidas inmediatas y efectivas para garantizar un entorno de trabajo seguro para todos los profesionales sanitarios, incluyendo la permanencia de personal de seguridad”.

También se solicita que “se realicen campañas de sensibilización dirigidas a la población para concienciar sobre la importancia del respeto y el trato adecuado hacia los trabajadores de la salud”, así como “revisiones periódicas de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios”.

“Que la Administración asuma su responsabilidad por la dejación de funciones, negligencia y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de la cual tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud del personal sanitario en el ejercicio de su trabajo”, añade el sindicato.

Para UGT Servicios Públicos Salamanca es “absolutamente inaceptable” que los trabajadores del sector sanitario “sigan siendo víctimas de agresiones y amenazas mientras ejercen su labor”, por lo que la Administración tiene que actuar “de forma enérgica, tomando las medidas necesarias para que estos actos de violencia sean tratados como un atentado contra la salud pública, garantizando la seguridad y la correcta prestación de los servicios médicos”.