La normativa impone protocolos que retrasan tratamientos, aumentan la burocracia y limitan algunos antibióticos, poniendo en riesgo la salud animal
En relación a la problemática suscitada con motivo de la aplicación del RD 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, los centros veterinarios salmantinos han anunciado que se adhieren a la convocatoria de cierre de este martes día 11 de febrero a las 11 horas. De esta forma, las clínicas veterinarias salmantinas se solidarizan a las numerosas clínicas de toda España. Dicha convocatoria obedece a las reivindicaciones del colectivo veterinario, especialmente el de animales de compañía.
Según ha informado a través de un comunicado, el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca "apoya esa postura de nuestros colegiados y colegiadas reclamando una serie de necesidades para el colectivo que redundarán en beneficio de la praxis profesional, de la salud y bienestar animal y, por ende, de la salud pública en la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos".
El resto del comunicado emitido, en el que ponen de manifiesto sus reclamaciones y sus reivindicaciones, reza de la siguiente forma:
"Entendemos que en el momento de la prescripción debe de priorizar el buen criterio del profesional que es quien determina el tipo de tratamiento en base al diagnóstico efectuado y a sus conocimientos y experiencia. La normativa exige utilizar un antibiótico del grupo determinado. Así, en las situaciones de urgencia y gravedad la no actuación inmediata o el desabastecimiento del medicamento en esos momentos podría provocar la muerte del animal.
El facultativo está suficientemente capacitado y formado para dosificar correctamente según peso y necesidades específicas de cada paciente evitando excedentes y, por tanto, reducir el autoconsumo y las resistencias. Sin embargo, tienen la obligación de ajustarse estrictamente a la ficha técnica del medicamento y ello supone que su criterio clínico está restringido. Estas fichas deberían ser orientativas ya que algunas no están actualizas y otras no contemplan todas las situaciones posibles, pero su incumplimiento podría ser constitutivo de delito.
La norma establece un régimen sancionador desproporcionado en cuanto a la tipificación de las infracciones y cuantía económica, provocando situaciones temerosas en los clínicos limitando su criterio médico. Los clínicos constatan que el sistema actual de comunicación de datos al MAPA a través de PRESVET, presenta carencias y dificultades y esperan una flexibilización de la burocracia.
Es inconcebible que los centros veterinarios no puedan dispensar medicamentos no sujetos a prescripción y que estos sí puedan ser adquiridos en centros comerciales sin el asesoramiento de ningún sanitario. Somos el único colectivo sanitario que grava a los clientes con el 21% de IVA. Esta es una demanda ya tradicional desde hace años. Exigimos que se iguale al que disfrutan resto de sanitarios en sus servicios.
Nos consta que la Organización Colegial Veterinaria a través de su Presidente ha transmitido a las autoridades responsables varias de estas reivindicaciones que, a día de hoy, no han tenido respuesta satisfactoria y esperemos que esta protesta no sea solo del colectivo veterinario, deseamos que la sociedad lo comprenda y apoye por el bien de todos".