El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha afeado que el Ejecutivo central utilice a los ciudadanos como "moneda de cambio"
La Junta de Castilla y León mantendrá la bonificación autonómica en cuanto a las líneas ferroviarias de alta velocidad --Avant-- y en el autobús interurbano, después de que este jueves el Consejo de Gobierno haya aprobado un acuerdo por el que se mantienen dichas bonificaciones.
En primer lugar, se mantiene la bonificación de la tarifa del 25 por ciento de los títulos de transporte multiviaje en trenes de Alta Velocidad (Avant), recogidos en el Convenio con Renfe suscrito en diciembre de 2022 y que afecta a 23 trayectos. Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla prórroga por cuatro años.
En cuanto al autobús interurbano, la Junta mantiene una reducción del 20 por ciento en el precio del billete en los abonos para viajeros recurrentes, algo que, hasta ahora, el Ejecutivo central bonificaba también en un 30 por ciento, por lo que el precio se veía reducido a la mitad.
Además, el Gobierno autonómico garantiza la gratuidad del Bono Rural para el transporte a la demanda.
De este modo, la decisión que la Junta "es mantener las ayudas autonómicas al transporte" después de que el Ejecutivo nacional no haya contado con los apoyos suficientes para sacar adelante el Decreto Ley Ómnibus que incluía el mantenimiento de estas ayudas que, desde hoy, se han visto derogadas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que la Junta "lleva años aplicando medidas y bonificando estos viajes para fomentar la movilidad pública al servicio de los ciudadanos con independencia del lugar donde cada persona resida".
"Lo que hacemos hoy, al día siguiente de lo que ocurrió ayer, es garantizar el mantenimiento estas bonificaciones en lo que corresponde a la Junta pese a que finalicen los del Gobierno de España", ha defendido, tras lo que ha afeado que el Ejecutivo central utilice a los ciudadanos como "moneda de cambio".
"Creo que no se puede usar ni a los pensionistas ni a las personas que usan al transporte público como moneda de cambio para dar un palacete al Partido Nacionalista Vasco, ni para apoyar a los okupas, ni para subir impuestos", ha señalado el consejero, quien ha considerado que todavía se está a tiempo de arreglar esta situación con la aprobación de un decreto que aborde únicamente esta cuestión.
Según los datos aportados por la Junta, con fecha del pasado mes de noviembre se habían retirado 189.263 bonos, con el trayecto entre Madrid-Segovia-Valladolid la que aglutina un mayor número de usuarios. En el año 2023 la cifra alcanzó los 140.396 bonos.
Además el transporte a la demanda creció el pasado año hasta los 249.238 usuarios, dentro de las 1.840 rutas que dan servicio a 5.094 núcleos de población.