OPINIóN
Actualizado 11/01/2025 09:35:40
Francisco Aguadero

El pasado 18 de diciembre la Comisión Europea publicó un informe en el que España no salía bien parada en la huella social dejada por el 2024, aunque las realidades que describe ya venían acumulándose de tiempos anteriores. El citado informe señala que España tiene un alto riesgo de pobreza y exclusión social, así como una situación crítica en el abandono escolar, cuyo nivel es del 13,7 % frente al 9,5 % en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Los datos aportados por la Comisión son elocuentes. Así, en 2023 la población española en riesgo de pobreza y exclusión social subió al 26,5 % en general y al 34,5 % entre los niños, muy por encima de la media de la UE que es del 21,3 % y 24,8 %, respectivamente. Del mismo modo, el informe reconoce importantes disparidades regionales, así como unos efectos poco tangibles en cuanto a las políticas sociales que se aplican. Puede que, a nuestro entender, esto último sobre la dificultad de medir los efectos intangibles, tenga algo que ver en los malos resultados que aparecen.

España suspende en 10 de los 17 indicadores analizados. Solo Rumanía, Grecia e Italia tienen peores registros que España. Por otra parte, en el coste de la vivienda, la formación de adultos, el acceso a la sanidad y la brecha de género en el empleo, España está en línea con la media europea. Estando por encima de la media en cuanto a la integración de personas con discapacidad, en la enseñanza de habilidades digitales a los ciudadanos y en el número de niños en educación infantil.

El informe pretende proporcionar orientaciones políticas que ayuden a los Estados miembros a mantener la estabilidad macroeconómica y a seguir una estrategia global de lucha contra la pobreza. Contando con los buenos resultados de la economía española en el 2024, la lucha contra la pobreza y la exclusión social debería ser una prioridad, si mantenemos el principio conceptual de que la Economía está al servicio de la Sociedad, y no al revés.

Mas, para ello, la ambición y el debate político deberían girar en torno a mejorar la vida de las personas, preocupándose más intensamente de la formación personal y profesional de aquellas, a tenor de los requerimientos del futuro y haciendo una redistribución más justa de la riqueza. Dejando a un lado la conquista del poder, los intereses partidistas, la corrupción, los bulos y las hipérboles de la vida política. La riqueza es cada vez más acumulativa, más ostentosa y opulenta, mientras que la pobreza es más invisible y oculta, lo que evidencia el incremento de la desigualdad y daña la convivencia.

Medir de forma correcta la riqueza o la pobreza, la prosperidad o la exclusión social, en las que intervienen factores tangibles e intangibles, es uno de los debates que desde hace un tiempo está sobre la mesa y uno de los retos a superar. El Producto Interior Bruto (PIB) y la Renta per Cápita son los indicadores más utilizados y a los que, hasta ahora, se le presta mayor atención.

Pero cuando se trata de medir el bienestar, la pobreza o la exclusión social y especialmente para hacer comparaciones entre países, hay algo que no encaja, porque tanto el PIB (que mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios en un territorio) como la Renta per Cápita (los ingresos por habitante) se centran en medir y cuantificar el desarrollo económico de un país o territorio, dejando de lado el desarrollo humano.

No olvidemos que el desarrollo humano tiene que ver con el bienestar y este lo determinan aquellos aspectos que van más allá del PIB, como es la renta disponible, la distribución de la riqueza, el consumo, la alta desigualdad de ingresos y otros. Por consiguiente, coincido con Gabriel Quirós Romero, asesor de la Dirección General de Economía del Banco de España, en que, para medir de forma más precisa y correcta la situación y la evolución económica y social, es preciso complementar el PIB con otros indicadores que cuantifiquen el nivel de bienestar de la sociedad, que está directamente relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otra parte, el concepto de bienestar es mucho más amplio y subjetivo que el económico, porque inciden en él, de forma intensa, los aspectos culturales y las preferencias sociales de cada sociedad o persona. Incluye factores o dimensiones como la felicidad, el medio ambiente, seguridad, calidad de las instituciones, salud, educación.

Al respecto, en 1990 se creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) una herramienta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objeto de ofrecer una visión más completa del bienestar de los países, más allá del simple análisis económico. El PNUD busca medir el progreso humano en tres dimensiones fundamentales: la educación, referida al promedio de años de escolaridad y a los años esperados de escolarización de los niños; la salud, que incluye la esperanza de vida al nacer; y el nivel o calidad de vida, medido a través del Ingreso Nacional Bruto (INB) por persona y ajustado por el PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) Sin duda, el PNUD es un indicador mucho más completo y humano.

Atendiendo a estos parámetros de Naciones Unidas, España se sitúa en el puesto vigesimoséptimo en el Índice de Desarrollo Humano, por delante de países con mayor renta económica como Francia e Italia, o Estados Unidos que está más allá de los veinte primeros países en el ranking. Ni que decir de China, la segunda economía del mundo, que aparece en el puesto 78º.

Con todo, tanto la pobreza como la exclusión social son rasgos de las sociedades, que afloran en mayor o en menor medida, dependiendo del nivel socioeconómico de cada territorio y de las políticas que se apliquen. Son dos fenómenos que están estrechamente ligados mediante una relación bidireccional, son como las dos caras de una misma moneda. La pobreza se manifiesta en la privación de recursos económicos y materiales que padece una persona o un país. Mientras que la exclusión social también conlleva la privación de recursos económicos y materiales, además de la ausencia de participación en lo cultural, lo social y lo político.

Esta estrecha relación entre ambos conceptos hace que, con frecuencia, pobreza y exclusión social se entiendan como un solo fenómeno, difíciles de distinguir por los indicadores de medición. A lo largo de los tiempos se ha teorizado mucho sobre la definición de ambos términos y sus implicaciones en la práctica realidad. Tomar en cuenta las diferencias entre pobreza y exclusión social es ventajoso, tanto en los aspectos teóricos como en el terreno práctico.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, es el objetivo número uno de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y erradicar la pobreza extrema para todas las personas es un objetivo fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. A finales de 2022, la estimación era que el 8,4 % de la población mundial (unos 670 millones de personas) podrían estar viviendo en la pobreza extrema, entendiendo esta como sobrevivir con menos de 2,15 dólares por persona y día.

El reto que tiene el mundo y con él España, para reducir las tasas de pobreza y el riesgo de exclusión social, es de dimensiones colosales. ¿Se podrá conseguir?.

Les dejo con Bad Bunny - Maldita Pobreza:

https://www.youtube.com/watch?v=ctutQRq76bU

Aguadero@acta.es

© Francisco Aguadero Fernández, 10 de enero de 2024

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