Después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y de los procesos de Nüremberg, la comunidad internacional, por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conjuró ante la barbarie para terminar aprobando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada, como sabemos, en París, el 10 de diciembre de 1948; una ambiciosa norma internacional que pretendía ser un auténtico estatuto jurídico del ser humano al que se le reconocen derechos y libertades fundamentales e inalienables, con independencia de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, como aparece reflejado en artículo 2 de la Declaración. En el artículo 1 se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Por hacer un resumen, la Declaración prescribe que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, la libertad, la seguridad, a la propiedad privada y a la vida privada, al trabajo y a una remuneración justa y no discriminatoria, al tiempo libre, al descanso y vacaciones, a un nivel de vida adecuado, a la educación y a la cultura, a la participación de la vida social y política o a la presunción de inocencia en caso de ser acusado por un delito; que nadie puede ser sometido a la esclavitud ni a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes, además del reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley, de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de opinión y expresión, de circulación y residencia, entre otros derechos y libertades.
Además de todo esto y para apuntalar definitivamente el respeto a los derechos y libertades de todos los seres humanos, la normativa internacional fue incrementándose con otros Convenios y Tratados internacionales relevantes, como el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 1950), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 1966, en vigor desde 1976), la Convención Americana de Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969) o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 1984, en vigor desde 1987).
Aún así, sabemos que después de la Declaración Universal, de 1948 se han cometido crímenes horrendos, atrocidades execrables por parte de muchos países. Se descubrieron los campos de concentración de Stalin en la Unión Soviética, los cerca de 300 del franquismo, en España, donde se sometió, torturó y asesinó a miles de personas, investigados y dados a conocer por el periodista Carlos Hernández, se cometieron los más horribles atentados contra los derechos humanos en las guerras de los Balcanes, en la de Irak o actualmente en Ucrania o Gaza, además de guerras y hambruna de muchos países de África y de sometimiento, torturas y ejecuciones en muchas cárceles en la actualidad, como ocurre en El Salvador, donde hay declarado un Estado de excepción por el presidente Bukele o las espeluznantes vejaciones sobre los derechos humanos que se están conociendo actualmente en las cárceles de Siria con el derrocamiento del régimen asesino de Bachar el Asad. Todos hemos podido conocer en estos días –aunque sólo sea la punta del iceberg- las torturas y ejecuciones de miles de presos en cárceles como la de Sayndaya, apodada “el matadero humano”. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se han encontrado miles de presos famélicos torturados en celdas subterráneas. Se calcula que más de 30.000 murieron por torturas y ejecuciones en celdas pequeñas e insalubres.
Aunque esto último, por desgracia, no sólo es patrimonio de países con regímenes autoritarios y totalitarios, sino también de la penosa situación de las condiciones de vida de las cárceles de muchos países formalmente democráticos de América, África o Asia. Solo hay que entrar en prisiones de Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Brasil, Marruecos o Turquía –por poner sólo algunos ejemplos- en las que las violaciones a los derechos humanos, el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, sanitarias o alimentarias, son la característica fundamental. Y todo ello, a pesar de que las normas internacionales sobre derechos humanos, además de las de reclusión (Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, por ejemplo), establezcan que el respeto a los derechos humanos, también de los privados de libertad, es un criterio de actuación inexcusable.
La realidad sociopolítica actual, lejos de mejorar el reconocimiento de los derechos humanos en general, me hace ser muy pesimista por el auge de los fundamentalismos políticos, ideológicos y religiosos que está experimentando la sociedad, incluso en los países más desarrollados del mundo. El avance de la ultraderecha en Europa, que desprecia los derechos humanos de quienes no piensan como ellos y de los migrantes, de la victoria de Trump en USA, de gobiernos esperpénticos como el de Milei en Argentina, del mantenimiento de dictaduras como la cubana o venezolana, del poder que ha conseguido Putin en Rusia o Netanyahu en Israel y de la admiración por algunos de esos gobiernos como es el caso de Ayuso por el de Milei o el de Netanyahu o de la actuación política de VOX en España y de amplios sectores del PP de Feijóo, son sólo ejemplos del cataclismo al que podemos llegar si los sectores ultras se adueñan del poder en la comunidad internacional.
A todos estos círculos de poder, formaciones políticas y sectores sociales, les importa un bledo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me da mucha pena que el 10 de diciembre haya pasado desapercibido y los actos, seminarios y celebraciones del aniversario de la aprobación de la Declaración hayan sido residuales o no hayan tenido el eco mediático adecuado. Si a esto le unimos que Ayuso haya dicho esta semana que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, “ha enloquecido” porque piensa realizar actos masivos de homenajes a víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en 2025 que se cumplen 50 años de la muerte del dictador y que ella en Madrid no va a colaborar en ninguno de ellos, se están amparando regímenes, como el de Franco, que vulneró sistemáticamente los derechos humanos de quienes no pensaban y actuaban conforme a las exigencias de las autoridades de la dictadura.
“Aquellos que no pueden recordar el pasado
están condenados a repetirlo”
George Santayana