El Comité de Empresa de Servicios Sociales denuncia que la Gerencia recorta "personal y por consiguiente también la calidad asistencial" y anuncia protestas en la puerta del CAPDI y de la residencia de San Juan de Sahagún
El Comité de Empresa de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León de Salamanca denuncia que la Gerencia de Servicios Sociales "continúa con el desmantelamiento de sus centros asistenciales, recortando en personal y por consiguiente también la calidad asistencial" y anuncia concentraciones a la puerta de los centros asistenciales el 10 y el 12 de diciembre. Concretamente, este martes, a las 11:00 horas en la puerta del CAPDI, en la avenida de la Salle, y el jueves , a las 11:00 horas, en la puerta de la residencia de San Juan de Sahagún.
El Comité de Empresa vuelve a denunciar "el desprecio con el que la Gerencia trata al personal de Servicios Sociales, ignorando la normativa en cuestiones como su obligación de informar de manera reglamentaria de medidas como la reducción de plantilla, la obligación de negociar de buena fe los calendarios laborales o el derecho a la conciliación de trabajadoras y trabajadores recogido por la Junta Castilla de Castilla y León como obligatorio en su Plan de Igualdad", señalan.
La Gerencia de Servicios Sociales "pretende reducir al mínimo posible la prestación de los servicios sociales públicos a los que la ciudadanía tiene derecho", afirma el Comité.
En la nueva residencia de mayores San Juan de Sahagún, "inaugurada a bombo y platillo, mantiene casi 70 camas vacías fruto de una nefasta gestión; son camas residenciales que están haciendo mucha falta a las familias de Castilla y León con familiares mayores con grandes necesidades de cuidados profesionales y pocos recursos económicos". Los problemas de personal, porque "las ratios son insuficientes; sin olvidar que la lavandería o la cocina tienen una capacidad demasiado ajustada para" las necesidades reales, hacen que abrir esas camas sea un problema si no cambian su política de escatimar en recurso"s.
El centro de día integrado en la propia residencia, añade, "no está dotado de plantilla y, por consiguiente, quitan personal de la atención a los residentes para poder abrir la zona de estancia diurna, con lo que se deterioran las condiciones laborales y las asistenciales para todos los usuarios".
"No hay personal suficiente para prestar la mínima calidad a los usuarios, ya que hay muchísimos turnos en los que hay una sola persona de atención directa para cuidar y atender a 16 residentes, o para atender 2 y hasta 3 comedores a la vez. Esto imposibilita asegurar unas condiciones de vida digna a residentes y laborales al personal, por lo que se puede considerar un mal trato institucional".
La dotación de plantilla es "insuficiente por culpa de las ratios, que fijan el número de trabajadoras necesarias por número de usuarios. Las ratios no contemplan que el personal necesario debe ser en presencia y no en plantilla total".
Además, añade, "por si fuera poco, la organización diaria del personal en la residencia es muy deficiente, se les cambian las tareas en cualquier momento durante la jornada por errores de la organización". Distribuyen al personal "sin comprobar si les corresponde trabajar en ese turno, con lo que generan el caos y, cuando se les advierte del error de que han puesto a trabajar a gente que no está, lo “corrigen” volviendo a cometer el mismo fallo hasta en varias ocasiones en un mismo turno, siendo evidente que este caos proviene de la falta de control".
A esto se suma, según el Comité de Empresa, "los incumplimientos del Convenio Colectivo, por ejemplo, cuando solicitan un permiso, es obligatorio que la Gerencia entregue justificantes de las solicitudes, pero se niega a entregarlos, a pesar de los requerimientos que se le hacen para que cumplan la Ley, para poder encubrir así muchas necesidades de servicio".
"Por si fuera poco, el personal que debe llevar la gestión administrativa en la Residencia también está bajo mínimos con el conocimiento de la Gerencia que no hace nada por evitarlo, les faltan al menos 3 personas más para poder sacar todo el trabajo, que es mucho; esto pasa mientras se pone en riesgo el cobro de las nóminas de todo el personal, el pago de facturas a proveedores o el pago de la estancia de los residentes con lo que se podrían acumular para las familias cantidades de deuda involuntaria insoportables".
En el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (antiguo CAMP) de la Salle "van a recortar la plantilla del personal de limpieza, del personal que atiende los comedores y la lavandería y del personal Técnico de Atención Directa (Cuidador) cuando la realidad es que el personal lleva años sufriendo continuas necesidades de servicio, constantes cambios de turnos de trabajo, llamamientos a trabajar en días de descanso y denegaciones de permisos reglamentarios".
En este centro, señala el Comité, "desde hace varios años, la Gerencia se ve obligada a contratar personal extra porque no les llega con la plantilla actual y, a pesar de ello, decide recortar plantillas".
El recorte de personal en el CAPDI (Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual), "además de ilegal, puesto que ni siquiera lo han comunicado de manera reglamentaria a la representación de los trabajadores, es una medida destructiva, no les importan nada los usuarios del centro ni el personal, prima la gestión económica sobre la social y humana que debe darse en un servicio público".
En la negociación de los calendarios laborales "solo existe mala fe negociadora y mentiras por parte de la Gerencia, que propone una cosa al Comité de Empresa y luego impone otra distinta en los centros, además de que no aceptan ni una sola modificación, ni siquiera si ésta es para mejorar el servicio".
Los Servicios Sociales públicos "deben garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía, con más ahínco si cabe cuando se trata de personas vulnerables". El Comité de Empresa exige a la Gerencia que "rectifique este sinsentido, que dé prioridad a la atención de las personas usuarias de los centros sobre los criterios meramente economicistas y políticos. Que desista de su gestión tendente al deterioro permanente de las relaciones laborales y de la prestación de unos servicios de calidad".