Familiares y colectivos que los apoyan de las 7.291 personas mayores que murieron en las residencias madrileñas solas, abandonadas, sin recibir asistencia sanitaria durante la primera ola de la pandemia de coronavirus se manifestaron el sábado en Madrid para reclamar justicia y exigir un nuevo cambio de modelo. Lo primero es imposible, los muertos ya no vuelven, y la vergonzosa soledad en la que murieron ya solo puede dolernos a los vivos. Lo segundo, no hace falta inventarlo, basta con dejar de deshacer lo que estaba bien hecho. Y no necesito buscar datos y testimonios para afirmarlo sin miedo a equivocarme.
Década de los 70
Por mentira que parezca, a principios de los años 70 fue creado el Servicio de Asistencia a Pensionistas, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, dirigido por el ministro Licinio de la Fuente. Se proyectaron dos residencias en cada ciudad y en pueblos importantes, una para válidos y otra geriátrica para dependientes. Había tres clases de trabajadores: funcionarios de carrera para las tareas administrativas, personal laboral bien pagado para la mayoría de los servicios y personal sanitario para enfermos transitorios. Todas contaban con biblioteca, cafetería, comedor individual para poder comer con sus hijos cuando iban, sala de juegos para los nietos, peluquería, sala de televisión, jardines… y capilla con cura y todo como mandaban los cánones. Aquellas residencias eran centros confortables donde los residentes, sin que nadie tuviera que pedírselo, eran tratados por los empleados con respeto, con cariño y con alegría porque acababan siendo como parte de la familia. Pronto surgió un problema: los pensionistas que cobraban pensiones más altas, jubilados de bancos, por ejemplo, empezaron a solicitar plaza, les salía más barato vivir allí que pagar una empleada en casa, y no se les podía negar, lo que iba en perjuicio de los de pensiones más bajas, que era en quienes se pensó al ser creadas. “Debemos recompensar a nuestros mayores de las penalidades que pasaron durante la guerra y la posguerra”, recitaban los mandamases en todas las inauguraciones. “Un poco tarde se acordaban”, tendrían que haberles dicho, pero esa es otra historia. Lo que ahora toca contar es la solución al problema que fue la siguiente: cobrar a todos los pensionistas la tercera parte de la pensión, con lo que los de pensiones bajas quedaron igual, y los de pensiones altas salieron volando sin que nadie los echara. Y aquellas fantásticas residencias acabaron con los vergonzosos asilos de la dictadura.
Década de los ochenta
Aunque no parezca verdad, ya por los años 80, las competencias de las residencias fueron transferidas a los gobiernos autonómicos y empezó el declive. Se paralizó la construcción de las geriátricas y a ciudades como Salamanca no llegó ni la de válidos. Se aprobó el proyecto, se hicieron las obras, pero por esas cosas raras que hacen los políticos la residencia pasó a manos de no sé qué orden religiosa de la noche a la mañana dejando unas plazas con los privilegios de las oficiales que dudo que la junta no se encargara de suprimir inmediatamente. Se subieron los precios de los pensionistas, se bajaron los sueldos del personal, los funcionarios, salvo los que fueron beneficiados con alguna jefatura, empezaron a pedir traslado a otros organismos del ministerio, se dejaron de hacer contratos para sustituir bajas de enfermedad y se empezaron a congelar las plazas del personal laboral que se jubilaba. Ante la escasez de plazas en las residencias oficiales, surgieron las privadas sin que nadie las controlara como se controlan otros negocios, y tuvo que ser la pandemia la que sacara a la luz un abandono que venía de atrás y que ni los familiares que ahora reclaman justicia y exigen un nuevo cambio de modelo querían ver.
No sé si manifestaciones como la del sábado servirán para que las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, suban en calidad como suben en precios, pero de momento puedo decir y mucho me duele que cada vez que voy de visita a una residencia la veo más cerca de los asilos de la dictadura.