Hace más de una semana de la catástrofe ocurrida en Valencia, cuya DANA ha provocado unos daños personales y materiales sin precedentes en nuestra historia reciente. Al día siguiente de los hechos y con una información claramente tendenciosa, sesgada y malintencionada, Feijóo echaba las culpas a Pedro Sánchez y a su gobierno de todo lo ocurrido porque –según decía falsamente- no gestionó adecuadamente la emergencia. Se apresuró a implicar al presidente, aún sabiendo que las competencias de protección civil las tienen asumidas las Comunidades Autónomas y, por tanto, son estas las que tienen que gestionarlo. Todavía estoy esperando que quién sabe practicar mejor que nadie la “zorrería política” salga a los medios de comunicación disculpándose por tan falsas acusaciones.
Inmediatamente, sabiendo los fallos cometidos por el presidente de la Genaralitat Valenciana, Carlos Mazón y por su consejera de justicia (competente para dirigir la emergencia), el PP solicitaba que fuera el gobierno el que declarara el Estado de Alarma y, por tanto, asumir la gestión de la situación. Se ha conocido posteriormente que los servicios estatales de la Agencia de Meteorología (AEMET) como el de la Confederación Hidrográfica del Júcar informaron oportunamente de la gravedad de las inclemencias meteorológicas que llegaban a la Comunidad Valenciana. Además, también se sabe que la Delegada del Gobierno en Valencia llamó varias veces a la consejera de justicia para informarle que la gravedad era extrema y que declararan la emergencia inmediatamente y activasen el protocolo de actuación. No sólo no lo hicieron, sino que la propia consejera responsable de las emergencias de protección civil ha intentado manipular la información para engañar a la ciudadanía, diciendo que el ejecutivo central no le informó hasta las 8 de la tarde, cuando no fue cierto, ya que desde la mañana de ese día estuvieron reclamándole que declarasen la emergencia y que tomaran medidas. ¿Qué hubiera pasado si la alarma se activa horas antes por parte de la Generalitat Valenciana? Probablemente no estaríamos hoy hablando de la astronómica cifra de víctimas, más de dos centenares de ellos fallecidos y de los daños producidos –hay muchas personas que se han quedado sin nada, ni vivienda, ni coche, ni enseres, ni recuerdos- como consecuencia de la inacción de la Generalitat.
Lo último que se ha conocido es que el presidente de la Generatitat, Carlos Mazón, estuvo comiendo en un céntrico restaurante de Valencia con una conocida periodista durante más de tres horas –precisamente el periodo horario más crítico, entre las 15 y 18,30 horas- mientras el desconcierto, el bulo y la desinformación que encabezaba la consejera de justicia eran patentes. ¿Y que hizo Feijóo y el resto de dirigentes del PP?, apoyar a Mazón echando balones fuera, reclamando la intervención del Estado. Además, reivindican hipócritamente “más Estado”, cuando, por otro lado, allí donde gobiernan están desmantelando poco a poco los servicios públicos esenciales de la comunidad: recortan médicos, maestros y medios materiales de la sanidad y de la educación públicas y potencian la enseñanza y educación privadas, bajan impuestos para beneficiar a los ricos, suprimen unidades esenciales para situaciones excepcionales, como la Unidad de Emergencias de la Comunidad Valenciana porque, según ellos, era un “chiringuito”; en cambio destinan fondos para la promoción de la tauromaquia; y luego, cuando hay catástrofes, no son capaces de responder adecuadamente pidiendo al Estado lo necesario para resolver las necesidades que constitucional y estatutariamente les corresponde a las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, la derecha y la ultraderecha se valen de los manipuladores de la información, los adalides de los bulos, las mentiras y las intoxicaciones, que lo único que pretenden es extender el caos entre la ciudadanía. Este tipo de conductas deberían ser penalmente relevantes. Recordemos que en el artículo 20 de la CE se reconoce el derecho fundamental a la libertad de expresión, pero también el de “recibir libremente información veraz”. Quienes difunden bulos lo hacen con el ánimo de generar desinformación, miedo y caos en la opinión pública y siempre para derribar al adversario político y conseguir el poder a toda costa. Por tanto, quienes lesionen o pongan en peligro estos bienes jurídicos tan relevantes deberían tener el adecuado reproche penal. Los responsables de ello, están difundiendo datos e informaciones falsas, a sabiendas de su falsedad, vulnerando gravemente ese derecho fundamental a la información veraz y objetiva. Es lamentable que se informe que en el aparcamiento inundado del centro comercial Bonaire de la localidad de Aldaya había cientos de cadáveres, cuando después de limpiarlo no apareció ninguno, afortunadamente.
Quienes difunden estos destructivos bulos son los mismos que reclaman “más Estado”, los que niegan el cambio climático, los negacionistas de la extrema derecha, en quienes se apoya la derecha de Feijóo, sobre todo los simpatizantes de Ayuso, personaje político que admira a la extrema derecha, auténtica indigente política, cuyas respuestas a las preguntas de la oposición es mejor no recordarlas, porque que los políticos de Mas Madrid le pregunten por el clima y responda con el “climax” de Errejón, es de una infamia y de una miseria moral inigualables. Lo triste es que estos políticos del rencor, del odio, de la manipulación y que, como en el caso de Ayuso, impidieron la salida de casi ocho mil ancianos de las residencias a los hospitales de referencia durante lo pandemia, luego sean elegidos por los ciudadanos. Lo que muchos nos preguntamos es en qué tipo de sociedad vivimos cuando esto ocurre. Lo más reciente ha sido la elección de Trump como presidente de USA. ¡Qué tristeza de sociedad!