Que la justicia en este país está politizada lo confiesa ella misma. No en balde hay jueces progresistas y conservadores que se reconocen como tales y una gran parte de los cuales pertenece a asociaciones profesionales con esas identidades. Más claro, agua. Y no es de extrañar luego que con esa dicotomía en la judicatura pueda apreciarse en las sentencias esa tendencia en uno u otro sentido.
Esa característica puede verse también en la composición del Consejo General del Poder Judicial, que ha tardado cinco años en renovarse y lo ha hecho finalmente por el acuerdo entre los dos grandes partidos políticos. Y un ejemplo más, por no alargarnos, lo tenemos en el Fiscal General del Estado, que en vez de mostrar una imparcialidad en sus decisiones se convierte de hecho en el ministro número 23 del Gobierno de Sánchez.
Hasta aquí, decimos, unos modestos ejemplos de la politización de la justicia que no aseguran la equidad de las resoluciones judiciales en perjuicio de los ciudadanos.
Pero tenemos también la otra parte de la ecuación: la judicialización de la política, es decir llevar a los tribunales la actuación de los personajes públicos, muchas veces por un quítame allá esas pajas.
En principio, nada que objetar que las decisiones políticas puedan ser objeto de denuncia e investigación judicial. Gracias a ello se han ventilado muchos casos de corrupción y han acabado en la cárcel desde ministros hasta presidentes autonómicos que, de no ser por la acción de los jueces, se habrían salido de rositas.
Eso es una cosa legítima, digo, pero no tanto el uso de la querella para presuntos ajustes de cuentas entre políticos y afines. Ahí tenemos, si no, la desestimada querella por prevaricación del juez Juan Carlos Peinado, hecha a instancias de Begoña Gómez, o la demanda ni siquiera admitida a trámite del PP por financiación ilegal del PSOE. Es que la picajosidad de nuestros políticos sólo es comparable a su incompetencia. Y la prueba de que no aprenden de sus errores que ahora le toca el turno al PSOE de querellarse contra el PP por injurias y calumnia.
Tanto uso y abuso torticero de los tribunales va en perjuicio de una justicia sobrecargada, con listas de espera más largas que las de la sanidad y que no puede dar a los ciudadanos la atención que se merecen.