Los juicios a las juntas militares llevados a cabo en Argentina en 1985 se han constituido como todo un hito en la historia. A día de hoy siguen siendo parte de una de las transiciones democráticas más ejemplares del mundo.
Adriana García Fernández
Defensora de los derechos humanos
Con la llegada de la democracia de la mano del Dr. Raul Ricardo Alfonsín en el año 1983, el peso de la justicia llegaría para aquellos autores de crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante la dictadura militar. Por primera vez en la historia, serían unos tribunales civiles los encargados de juzgar a los militares responsables; este suceso permitió poner un punto y aparte a las miles de desapariciones perpetradas por la dictadura y permitió la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación.
Algo que sigue haciendo estos juicios memorables es el hecho de que a lo largo de los diferentes constituyentes la búsqueda por la justicia no ha cesado y se han convertido en un consenso social y político. En el año 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzaría una página web con una línea temporal de los principales hitos de los procesos judiciales, las fichas de cada juicio y de los más de 1210 condenados y 318 sentencias que se han realizado desde 1985. A día de hoy, la página web cuenta con mini relatos de víctimas con el objetivo de que las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura no olviden lo ocurrido. Sin embargo, la misma Secretaría reconoce la lentitud de los juicios en un contexto en el que se están muriendo víctimas y responsables; según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al menos diecisiete juicios se encuentran en curso en ocho provincias distintas y 62 causas cuentan con requerimiento de elevación a juicio.
Sin embargo, en los últimos años podemos ver cómo este consenso está siendo cuestionado. Este cambio ha sido un terreno donde ciertas fuerzas políticas han intentado manipular la narrativa en su beneficio. La mala gestión y los casos de corrupción de los anteriores gobiernos han socavado la confianza en las instituciones y han debilitado el consenso social propiciado por ciertas fuerzas políticas que se asociaban con varias organizaciones de derechos humanos. Esta situación ha creado una línea delicada donde las nuevas generaciones, más alejadas de la dictadura, corren el riesgo de caer en el revisionismo histórico impulsado por sectores de derecha que reviven la teoría de los dos demonios, que equiparaba la violencia ejercida por el Terrorismo de Estado y la cometida por los grupos armados.
En el gobierno, esta postura se encarna en la presidenta del Senado y vicepresidenta del Gobierno, Victoria Villarruel, hija y nieta de militares, que mantiene una amplia postura negacionista y crítica sobre los juicios a las juntas, defendiendo lo que se considera «memoria completa». Como ejemplo de este cambio ideológico en el Gobierno, el pasado 27 de marzo, por orden del ministro de Defensa Luis Petri, se ha desmantelado un área estatal creada en 2010 bajo el nombre de Equipos de Relevamiento y Análisis, conformada por civiles, que aportaba pruebas fundamental para esclarecer y juzgar los delitos de lesa humanidad. Esta área estatal había llegado a descubrir una serie de documentos de las Fuerzas Armadas, en un hecho inédito denominado «Hallazgo Cóndor», que ayudaría a los juicios que continúan a día de hoy. Sin embargo, ahora pasan a control de este Ministerio de Defensa conformado en su mayoría por ex militares.
Es esencial reconocer la importancia de recordar y aprender de los horrores de la dictadura argentina, manteniendo viva la memoria de las víctimas y condenando el terrorismo de Estado de manera inequívoca. Sin embargo, debemos evitar hacer bandera partidista de esta cuestión fundamental de los derechos humanos, pues su defensa debe trascender cualquier afiliación. No podemos permitir que se nieguen las desapariciones y las atrocidades cometidas durante ese período oscuro de la historia argentina. Ahora más que nunca, debemos trabajar en una memoria colectiva que honre a las víctimas, promueva la justicia y garantice que nunca más se repitan tales violaciones de derechos humanos.