Resulta desgarrador leer el informe de la ONG Oxfam Intermon sobre las desigualdades económicas y sociales en el mundo. En él, se denuncia que el 1% más rico posee más riqueza que el 95 % de la población mundial en su conjunto. El principal motivo de la existencia de los grandes desequilibrios económicos entre los más ricos y los más pobres, de esa brecha infame, es la política fiscal que se aplica en los países que practican un liberalismo económico salvaje y que, si no le ponemos remedio, acabará en pocos años con las políticas públicas, que fueron la seña de identidad del conocido como Estado del Bienestar, impulsado por los países europeos más avanzados del mundo en los años 60 y 70 del pasado siglo: Suecia, Noruega, Finlandia, Francia o la antigua RF de Alemania y sus marcadas políticas socialdemócratas.
Y esa seña de identidad es, no lo olvidemos, la que se plasmó en nuestra Ley Fundamental. Recordemos que, nada menos que en el artículo 1 de nuestra CE de 1978, se define a España como a un “Estado SOCIAL y democrático de Derecho”, no como un “Estado LIBERAL”. La diferencia es muy significativa, porque, mientras en el “Estado liberal”, proclamado por el lema archiconocido de “laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même” (dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo), en el siglo XVIII por las teorías de Adam Smith, la característica fundamental es que se le da libertad absoluta al mercado, que, en principio, favorece la competencia, pero a la larga genera desigualdad y pobreza incrementando las diferencias entre ricos y pobres, convirtiendo el sistema en poco sostenible y ecológico y, sobre todo, fomentando la explotación de los trabajadores.
Cuando un “mercado salvaje” se implementa, sin límites, en un sistema económico, todo se privatiza, también los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las infraestructuras viarias de la colectividad. Con este panorama, poco solidario, los que pierden siempre son los sectores más desfavorecidos de la sociedad; así, los pobres serán cada día más pobres y los ricos infinitamente más ricos y poderosos. Ya se sabe, “es el mercado, amigo” que decía el ínclito y condenado por corrupción, aquél famoso ministro de Economía del gobierno Aznar, de cuyo nombre no quiero acordarme. Por cierto, abro y cierro paréntesis rápidamente: ahora que tanto “cacarea” Aznar, defendiendo la libertad, hay que recordarle que la mayoría de los ministros que tuvo en su gobierno fueron condenados por delitos relacionados con la corrupción política y económica, lo mismo que los dos vicepresidentes de otra ex presidenta de comunidad que jalea constantemente “el liberalismo económico salvaje”, Esperanza Aguirre, que también estuvieron en la cárcel por corruptos. Cierro ese paréntesis que plasma la infamia más devastadora de las políticas de la derecha y la ultra derecha españolas de los últimos tiempos, esas políticas que le marcan al “guiñol” Feijóo y que pondrá en marcha si algún día llega a gobernar este país. Espero que no llegue a tener la oportunidad de ello.
Esa seña de identidad característica del “Estado Social”, del “Estado del Bienestar”, como decía, no sólo se reconoce en el artículo 1 del Título preliminar de nuestra CE, sino también en el capítulo tercero del Titulo I de la CE “De los derechos y deberes fundamentales”, es decir, el que se refiere a los “Principios rectores de la política social y económica”, en el que se fomenta, entre otros temas, la redistribución de la renta y el pleno empleo, la seguridad social universal, la protección de la salud, la mejora de la calidad de vida, el derecho a la vivienda digna, las pensiones públicas y “periódicamente actualizadas” y los “servicios sociales” de la tercera edad.
Y para garantizar todo esto, lógicamente, nuestra Carta Magna idea un sistema tributario “justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. En Román Paladino, que los ricos contribuyan más que las clases más desfavorecidas, es decir, que paguen más impuestos. Si queremos mantener un adecuado sistema público sanitario, educativo, de pensiones, de servicios sociales y de condiciones laborales dignas para todos, no podemos dejar al albur del exclusivo mercado la política económica de un país. El Estado tiene la obligación de intervenir en los procesos económicos para corregir las desigualdades y fomentar la solidaridad.
Por desgracia, esas políticas ultra liberales y, en consecuencia, contrarias al espíritu de nuestra CE, son las que quieren impulsar mandatarios de la talla política de Ayuso, guiados, como guiñoles, por sus auténticos autores intelectuales: Aznar o Esperanza Aguirre. La misma política que ha emprendido Milei en Argentina, que está recortando las ya míseras pensiones y decapitando las políticas sociales de nuestro querido país hermano.
Pero lo más incomprensible de todo, es que mandatarios como Ayuso -que lo único que pretende es hacer de Madrid su cortijo privado- sea apoyada electoralmente, no sólo por los más ricos a los que concede subvenciones públicas, curiosamente y les recorta los impuestos (que serían una minoría), sino también por las clases sociales medias y trabajadoras, que viven de su trabajo o de su pensión y no de la explotación de su patrimonio, del que carecen. ¿Son conscientes los miembros de estas clases medias y trabajadoras de que las políticas ultra liberales les van a empobrecer cada día más? ¿Son conscientes de que cuando tengan un problema serio de salud y no haya sanidad ni pública ni universal, las entidades privadas les van a sacar los ojos?. Si no nos damos cuenta de todo esto es que nuestras vibraciones intelectuales andan un poco perdidas.