Israel es condenado por algunas instituciones internacionales y países ante el incumplimiento continuo de los derechos humanos contra la población civil en la franja de Gaza tras continuos ataques indiscriminados, asesinatos masivos y la expulsión de su país de millones palestinos por limpieza étnica. ¿Estaríamos ante un caso de posible genocidio?
Lucía Aceña Paniagua
Defensora de los derechos humanos
El conflicto entre Israel y Palestina tiene sus antecedentes en torno a 1948 por motivos geográficos, étnicos y políticos. Principalmente se debe al reparto del territorio realizado por resolución de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial, pues Israel, en sucesivas guerras, ha ido expandiendo su territorio, a la vez que el pueblo palestino ha visto reducido el suyo finalmente a la pequeña Franja de Gaza, de 40 kilómetros de largo, en la que habitan millones de personas, y a una parte de Cisjordania. En este contexto se produjo el pasado 7 de octubre de 2023 el ataque a Israel por el grupo terrorista Hamás, que produjo una matanza brutal de israelíes desarmados y la toma de rehenes. De inmediato Israel actuó militarmente en legítima defensa. Pero a estas alturas, y a la vista de la brutalidad indiscriminada del ejército israelí, y a pesar del derecho de legítima defensa que nadie le niega, diferentes organizaciones e instituciones internacionales consideran que se está sobrepasando el uso de dicho derecho y existe riesgo de posible genocidio.
En primer lugar, en esta línea encontramos las declaraciones de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, la cual ha condenado rotundamente los ataques de Israel a Palestina y califica a Israel como una auténtica dictadura militar. Además, defiende la posibilidad de uso de la fuerza hasta que se repele el ataque sufrido y cuando sea autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero Israel, además de atentar directamente contra la población de territorios ocupados, ha forzado la evacuación de más de un millón de palestinos de sus lugares de residencia en lo que se parece mucho a una limpieza étnica. Por todo ello, Albanese pide directamente a la Corte Internacional de Justicia reconocer el riesgo de genocidio.
Como consecuencia, la Unión Europea se vería en la obligación de romper el Acuerdo de Asociación con Israel. En este sentido, el gobierno de España pide revisar los acuerdos comerciales con Israel, a lo que se ha sumado Irlanda, puesto que un artículo de dicho acuerdo incluía el respeto a los derechos humanos, algo que ambos países consideran que no se estaría cumpliendo por el bloqueo israelí a la Franja de Gaza desde mucho antes del actual conflicto, que afecta a recursos de primera necesidad como agua, electricidad, alimentos o medicinas.
La Corte Internacional de Justicia no ha dudado en posicionarse ante los hechos acontecidos y ha ordenado a Israel tomar las medidas necesarias para evitar un posible genocidio. Además, la posición de Amnistía Internacional es rotunda y pide investigar como crímenes de guerra cuatro bombardeos de Israel contra Gaza en diciembre y enero.
«Es evidente que no hubo distinción entre objetivos militares y bienes de carácter civil», fueron las palabras de Amnistía tras conocer que los ataques dejaron 95 víctimas mortales incluyendo a 42 niños. De esta manera, la organización mantiene que Israel sigue llevando a cabo la violación del derecho internacional, puesto que inocentes familias palestinas siguen siendo víctimas de ataques.
En definitiva, es evidente que los antecedentes del conflicto hacen a ambos países culpables directos de la guerra y que la población civil de ambos bandos son los que sufren las consecuencias de los ataques. No obstante, es evidente que estamos ante un posible caso de genocidio de la población palestina, puesto que Israel, a pesar de haber hecho uso del derecho de legítima defensa, sigue atacando a la población civil tras la represión del ataque de Hamás, y lleva a la población a situaciones extremas al bloquearles el acceso a recursos e incluso obligándoles a marchar de sus hogares. Por lo que, ante las continuas violaciones de derechos humanos, es necesaria la urgente mediación internacional efectiva que pase de las palabras a los hechos, y se intente poner una solución inmediata en el conflicto a pesar de las viejas divisiones ideológicas de ambos países.