Durante el mes de julio del año pasado (2023), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, Volker Türk, expresó su reconocimiento al compromiso del país con la mencionada oficina. Sin embargo, el 15 de febrero de 2024 se produjo un cambio alarmante en los acontecimientos. El gobierno venezolano emitió un ultimátum de 72 horas a Naciones Unidas en Caracas, ordenando el cierre de la OACNUDH en el territorio nacional y la expulsión de sus trece funcionarios, los cuales deberían dejar el país en tres días.
Gabriela Bigatà
Defensora de los derechos humanos
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas asume la responsabilidad de formular recomendaciones a los Estados miembros, revisando el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por dichos Estados. A su paso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) promueve una visión global del Estado, con sus virtudes y problemas, llevando a cabo investigaciones y facilitando a los gobiernos e instituciones nacionales el desarrollo de capacidades y el conocimiento técnico en derechos humanos.
En ese contexto, durante el mes de julio del año pasado (2023), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, Volker Türk, expresó su reconocimiento al compromiso del país con la mencionada oficina. Sin embargo, el 15 de febrero de 2024 se produjo un cambio alarmante en los acontecimientos. El gobierno venezolano emitió un ultimátum de 72 horas a Naciones Unidas en Caracas, ordenando el cierre de la OACNUDH en el territorio nacional y la expulsión de sus trece funcionarios, los cuales deberían dejar el país en tres días.
Siendo la presencia de expertos de las Naciones Unidas crucial para evaluar la situación de los derechos humanos de manera imparcial y objetiva, el cierre de la Oficina Técnica ciertamente tiene un impacto negativo en la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de DD.HH. Entonces, ¿qué ha pasado para que esa medida fuera adoptada?
Esta medida extrema y sin aviso previo se presenta como represalia por las críticas al encarcelamiento de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, calificado por el Alto Comisionado como desaparición forzada breve, ya que la activista estuvo más de 100 horas en paradero desconocido e incomunicada, después de ser detenida por funcionarios del cuerpo de inteligencia en el aeropuerto de Maiquetía, cuando iba salir del país. Para la policía venezolana, Rocío San Miguel es parte de una conspiración en contra el gobierno, estando acusada de terrorismo y traición a la patria.
Así, es necesario recordar la importancia que tiene la colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y los organismos internacionales para la promoción de cambios positivos, principalmente garantizando el derecho de defensa y el debido proceso legal.
Dentro de esa perspectiva, el cierre de la Oficina Técnica afecta la capacidad de monitoreo y abordaje de violaciones a los derechos fundamentales, lo que es sumamente preocupante, sugiriendo una posible limitación en la protección de esos derechos a los ciudadanos venezolanos.
En ese sentido, la comunidad internacional debe estar atenta a estos acontecimientos y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que aseguren el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.