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Actualizado 30/08/2024 16:06:51
David Rodriguez

Dos particulares presentaron sendas alegaciones al proyecto

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha resuelto de forma favorable la ‘Evaluación ambiental estratégica’ a la que ha sido sometido el Plan Regional de ámbito territorial que ha diseñado la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para ampliar el Polígono de Las Viñas de Ciudad Rodrigo, con una inversión estimada de 12,4 millones de euros (IVA incluido).

Esta declaración de favorabilidad (ya que se considera que la ampliación del Polígono “no tendrá efectos significativos para el medio ambiente”) se supedita al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas en la Declaración ambiental estratégica dictada por la Consejería, que inició el procedimiento de evaluación el pasado mes de diciembre, una vez le llegó el Plan.

Así, se realizaron una serie de consultas a las administraciones públicas que se consideró que podían estar afectadas por la ampliación, emitiendo todas ellas informes de carácter favorable, aunque algunas realizaron puntualizaciones, como el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, que informó que la actuación puede afectar a dos líneas de transporte de energía eléctrica. Asimismo, hubo otras contestaciones que plantearon una serie de ‘condiciones’ que han dado pie a lo recogido en la Declaración final.

Para empezar, en esta Declaración se marcan una serie de ‘cuestiones’ por la coincidencia geográfica de la ampliación con el espacio Red Natura 2000 Campo de Azaba y el plan de recuperación de la cigüeña negra, como por ejemplo la compensación y mejora del hábitat de las aves esteparias, o que las nuevas líneas de abastecimiento y suministro eléctrico deberán ser subterráneas para evitar la mortalidad de las aves por colisión y electrocución.

En lo que respecta al patrimonio histórico y natural, se remarca que el yacimiento arqueológico ‘Viña Pacheco’ debe permanecer en su integridad como Suelo Rústico de Protección Cultural, y por ende, la superficie afectada quedará excluida del Plan de ampliación.

Asimismo, se subraya que ninguna de las actuaciones que se lleven a cabo, ni de los usos que se asignen al suelo, “deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes o el medio ambiente". De forma específica se señala que el Plan debe tener en consideración el riesgo de propagación de incendios desde la zona industrial a la zona arbolada. En materia de ruidos, se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, en especial en la zona noroeste próxima a la A-62, zonificada como ‘área tolerablemente ruidosa’.

En todo caso se deberá hacer un estudio acústico en el proyecto de urbanización, y en materia hídrica, se necesitará la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para cualquier obra o trabajo que afecte a los cauces o sus zonas de protección (asimismo se deberán introducir sistemas de drenaje sostenible para mitigar el riesgo de incremento de inundaciones).

En materia de tráfico, se especifica que se deberá realizar un estudio para analizar la influencia del Plan de ampliación sobre el nivel de servicio del enlace 332 (glorietas y ramales) de la A-62, para garantizar que el nivel de servicio de éste enlace es adecuado a causa de la puesta en carga de la ampliación del Polígono. Por último, en materia energética, la Declaración “recomienda" aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renovables para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

En el propio documento difundido se resalta que esta Declaración favorable perderá su vigencia si en un plazo de dos años no se hubiera adoptado o aprobado el Plan de ampliación.

Hay que apuntar que durante el período de información pública se presentaron dos alegaciones, por parte de sendos particulares, uno manifestando su “disconformidad general” con el Plan por su “improcedencia económica, industrial y ambiental, y así como por la ausencia de interés público”; mientras que la otra “no tiene carácter ambiental”, según expone la Consejería en la Declaración.

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