Hace pocos días me enteré de un episodio de okupación de viviendas, un tanto extravagante y, por supuesto, muy difícil de aceptar. Sabemos que nuestra Constitución establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Perfecto. A continuación, explica cómo hacerlo: “Los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas necesarias para hacer efectivo ese derecho”.
Por supuesto que no se trata de que cada español disponga de la suya. Son necesarias para todo núcleo familiar y para los adultos que deseen independizarse del hogar paterno. Para ser propietario de una vivienda se necesita haberla heredado, o tener la posibilidad de adquirirla –con fondos propios o con hipoteca. Cuando ninguna de las dos formas está al alcance del necesitado, es el Estado quien debe entrar en acción, pero no hay ninguna disposición que considere legal la ocupación. No en vano, nuestra Constitución también reconoce el derecho a la propiedad privada y advierte que nadie puede ser privado de sus bienes si no es por causa justificada, de acuerdo con las leyes y mediante la correspondiente indemnización.
Aparentemente, todo está previsto, pero la realidad es muy distinta. El Estado no puede solucionar un problema creando otro. El progresismo mal entendido pretende conceder viviendas sin gastar ni un euro. Con la mente puesta en resabios intervencionistas, la izquierda nunca ve con buenos ojos la propiedad privada –siempre que no se la propia- y hace lo posible para castigar económicamente a quien disponga de un patrimonio adquirido legalmente. Con el punto de mira puesto en los grandes poseedores, se desampara al pequeño, al ciudadano que dispone de su única vivienda y al que dispone de una segunda, fruto de su trabajo o de su ahorro.
Ha bastado la aparición del fenómeno “okupa” para que la izquierda modifique la legislación hasta límites incomprensibles. Ante una okupación consumada -con la cerradura forzada o la puerta rota-, es el propietario quien debe demostrar ser el dueño de esa propiedad y, una vez demostrado, la policía no puede entrar sin la autorización de un juez. Al nuevo inquilino, por el contrario, no se le exige nada. Durante las primeras 24 horas, el usurpador de la vivienda es legalmente su inquilino legal. Nadie le puede echar.
Los mismos derechos asisten a los grandes poseedores que a los modestos. La gran diferencia radica en que el mayor porcentaje de ocupaciones sucede en domicilios que son la primera, y única, vivienda del propietario y que, por desgracia, lo más probable es que no recupere antes de un año. Algo muy grave falla en este sistema que tiene preocupados a los propietarios, incluidos los que votan al partido que gobierna.
La legislación vigente es tan favorable al okupa que ya se roza lo esperpéntico. El caso que ha saltado a los medios, si no fuera por el trasfondo que rezuma, más parece un desatino. Una persona abandona el hogar a primera hora de la mañana para asistir a su trabajo diario. Recibe la llamada de sus vecinos para indicarle que están ocupando su vivienda. Al llegar, comprueba el verdadero desbarajuste de todos sus enseres, y los graves desperfectos causados. En su presencia, le roban objetos de su propiedad y, a las 10 de la noche, recupera la vivienda. A la mañana siguiente, después de ordenar su hogar, sale a comprar un bocadillo, ocasión que aprovechan los mismos okupas para volver a asaltarla, sentarse en el jardín riéndose del público y advertir al dueño que esta vez no abandonarían la presa. Cuando, finalmente, interviene la Guardia Civil, uno de los asaltantes simula autolesionarse con un arma blanca. Conductas así sólo se dan cuando el infractor está convencido de que la ley será muy benévola con él.
Este estado de cosas no puede seguir porque un día puede ocasionar graves consecuencias. La legislación actual no es justa y el gobierno tiene la obligación de proveer los fondos para solucionar los problemas sociales. La justicia y la ética ordenan que la prioridad del gasto público coloque el problema de la escasez de viviendas delante de la compra de votos para continuar en el cargo, aún a costa de la unidad de España. Eso sí sería progresismo.