Los políticos, con independencia del perfil ideológico que ostenten, tienen la fea costumbre de adueñarse de la expresión “Estado de Derecho” o lo que es lo mismo, el sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos al imperio de la ley, como máxima expresión de la voluntad popular en un sistema democrático; en nuestro caso, a la Constitución de 1978, como Carta Magna y al resto del ordenamiento jurídico. Muchos líderes conservadores españoles, encabezados por Aznar y otros de la extrema derecha, se mostraron muy críticos con la Constitución Española cuando se aprobó en las Cortes y por referéndum. Aznar llegó a calificar el proceso de aprobación de la Carta Magna como uno de los más graves atentados parlamentarios y cometido por las dos grandes fuerzas políticas de entonces: UCD y PSOE. En cambio, en la actualidad, Aznar se considera el mayor constitucionalista del mundo, pero sólo de “boquilla”, dado que la filosofía política y económica ultra liberal que defiende es difícilmente compatible con la consagración del espíritu del legislador constituyente en relación a los derechos y libertades de los ciudadanos y a los principios rectores de la política social y económica, integrados en el Título I “de los derechos y deberes fundamentales”, de la CE.
En nuestra Carta Magna, el Estado de Derecho, conforme a lo establecido en el artículo 1, está indisolublemente unido a la concepción de Estado Social y Democrático; “Estado Social”, que implica que los poderes públicos deben intervenir en los procesos económicos para corregir las desigualdades sociales. Y lo harán con políticas públicas que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, el acceso a la vivienda o la justicia, con independencia de su renta y condiciones personales. Y el Estado lo hará mediante la imposición de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, como se recoge en su artículo 31.
De acuerdo con esto, los actuales líderes de la derecha y la ultraderecha, comenzando por los “jefes” Ayuso y Aznar, siguiendo con Feijóo y terminando por Abascal y Alvise, son incompatibles con el respeto a los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho que inspira nuestro ordenamiento constitucional. Ayuso lo está demostrando en Madrid con sus políticas de privatización de servicios públicos esenciales y su política tributaria, que no es progresiva ni justa, dado que los tributos a las grandes fortunas son proporcionalmente inferiores a los de los ciudadanos con rentas más bajas. Incluso se permite el lujo de aprobar becas educativas públicas para niños que realizan su formación en centros privados cuya renta familiar supera los 100.000 euros al año.
Por otro lado, quienes aplauden “a rabiar” y condecoran a líderes internacionales, como el presidente argentino Milei, que afirman que “las políticas sociales son aberrantes”, están violando los postulados constitucionales y, en consecuencia, no respetan los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho. Lo realmente “aberrante” del asunto, lo repudiable y abominable es que son precisamente estos políticos los que están apelando constantemente al Estado de Derecho, a los principios que inspira nuestra CE, convirtiendo su testimonio, sus mensajes y su proceder en la escenificación más auténtica de una hipocresía política sin precedentes.
Otra prueba irrefutable de que la derecha y la ultraderecha no respetan el Estado de Derecho es el informe elaborado por la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España en el que afirma que la conducta del “asesor de cabecera” de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR) es un peligro para el Estado de Derecho. La Comisión Europea dice que MAR utiliza el acoso y la intimidación con periodistas; textualmente se dice que “amenaza y reprende” a periodistas por sus informaciones. Recordemos que MAR amenazó a una periodista de eldiario.es diciéndole “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Paradójicamente, y con una insistencia obsesiva digna de estudio psicológico, tanto Ayuso como Feijóo y otros líderes de la derecha y la ultraderecha están sistemáticamente afirmando que el gobierno de Sánchez quiere acabar con la libertad de prensa. Ya lo dice el refrán “cree el ladrón que todos son de su condición”.
Lo verdaderamente triste es que esta “derecha cainita” no tiene visos de cambiar y sigue manipulando la información, engañando y no reconociendo la realidad de la situación española. Una realidad que se sustenta en que España es el país que más crece de la Unión Europea. La economía de nuestro país ha crecido, en 2023, cinco veces más que la europea, lleva mas de cuatro años consecutivos creando empleo y en el segundo trimestre del presente año el número de ocupados supera las 21.600.000 personas, reduciéndose la tasa de paro hasta el 11,27 %, la menor desde 2008.
¿Cuál es la respuesta de Feijóo y el resto de líderes de la derecha y la ultraderecha?. Negar la realidad y acusar al presidente del gobierno y esposa de corrupción, sin pruebas, con un proceso judicial esperpéntico iniciado por denuncias inconsistentes de asociaciones ultras, con la única finalidad de echar a Pedro Sánchez, que se ha convertido en el máximo enemigo de la derecha política y mediática; quieren echarlo como sea, porque saben que –aunque digan lo contrario- es un líder sólido al que democráticamente será muy difícil ganarle en las actuales circunstancias.