Los que me leen saben que llevo desde año 1994 criticando a la Iglesia por no reaccionar en los casos de abusos sexuales. Como el resto de instituciones sociales que se ocupan de la infancia y la adolescencia (deportivas, de actividades extraescolares, campamentos, internados, la propia familia, etc.) han sido, con frecuencia irresponsables frente a este problema –no es solo un problema del clero-
Claro que con una moral sexual tan represiva, es especialmente escandalosa la conducta de algunos eclesiásticos varones; y, sobre todo, la de numerosas instituciones eclesiásticas ¿Cómo ha sido posible, cuando tenían datos desde 1994?
Para entenderlo, no para justificarlo, se me ocurren lo siguiente:
A ) Razones compartidas con otras instituciones sociales: no considerar los abusos graves, tendencia a negarlos y ocultarlos, miedo al escándalo, para no desvalorizar socialmente a las niñas abusadas, tendencia a no creer a los menores, no consideraban obligatorio denunciar los abusos, falta de eficacia policial y judicial, etc.).
B) Razones específicas de los eclesiásticos: miedo al escándalo, vergüenza para el clero, considerar que si los abusadores se confesaban y se arrepentían no los volverían a cometer (cambiarles de parroquia u internados les parecía suficiente) y tener un derecho canónico propio (no acudían al derecho civil).
Finalmente, el Vaticano, y muy especialmente este Papa, han reaccionado y los obispos de muchos países han reconocido el problema. Ya están tomando medidas. Ordenes religiosas como los jesuitas y otras lo están haciendo bastante bien.
Triste, pero más vale tarde que nunca.
¿Y nuestros gobiernos? En las últimas décadas han mejorado la legislación, la formación de la policía y los jueces, elaborado protocolos en centros escolares, etc. Pero la prevención y la detección deja mucho que desear; y las víctimas y familias que necesitan terapias solo las ayudan en las autonomías, ayuntamientos y ONG
El gobierno actual, como tal, está en otros asuntos. No afronta adecuadamente la educación sexual que debería ser el contexto más adecuada para hacer prevención y detección de los abusos.
Mientras se han extendido varios mitos sobre los abusos, defendidos por no pocos profesionales mal formados, que hacen daño a las víctimas. Entre ellos, por ejemplo, defender que todas las víctimas sufren efectos graves a lo largo de toda su vida -profecía negativa-, todas necesitan terapia y muchas tienden a convertirse en abusadoras, etc. Y un error frecuente: los programas de prevención aislados. Primero hay que hablar bien de la sexualidad y, en ese contexto, informarles y enseñarles como decir no, denunciar y pedir ayuda. Por cierto, no debe haber educación sexual sin la familia o contra la familia, sino colaboración entre familias y escuelas (López, F. (2023). Modelos de educación sexual).
Pero el gobierno actual y parte de la prensa muy vinculada a él han aprovechado para hacer anticlericalismo, involucrando al defensor del pueblo, como si los abusos sexuales fueran solo o principalmente del clero. Informe que, por otra parte, deja mucho que desear.
Politizar el problema de los abusos y la educación sexual (y la educación en general) son grandes errores en nuestro país. Solo debería politizarse en el buen sentido: mayor inversión en educación, ley de educación consensuada por una mayoría cualificada, buena formación de los educadores y apoyo escolar a los valores y derechos compartidos.