Con un 33,5% de puestos vacantes y una oleada de futuras jubilaciones, el sindicato exige que se refuercen las plantillas en la Administración autonómica y denuncia las “nefastas consecuencias” que está teniendo el convenio colectivo para los 1.400 laborales de la provincia
Los servicios públicos en Salamanca están “en la cuerda floja”. Los datos evidencian que el “grave y progresivo deterioro” que están sufriendo los servicios públicos en la provincia obligan al Ejecutivo autonómico a acometer de “manera inmediata” un refuerzo de plantillas. Solo así se lograría aminorar el “inasumible número de plazas vacantes” en la administración y equilibrar la “abrumadora cantidad de jubilaciones que se avecinan.
Así lo ha reclamado este jueves el responsable del sector de la Administración General de la Junta (Agcyl) en CSIF Salamanca, Gabriel de la Iglesia, minutos antes de que se reuniera el Consejo Sindical provincial de CSIF, convocado por el presidente autonómico, Benjamín Castro.
Y es que, tal y como ha detallado De la Iglesia, solo en la provincia de Salamanca hay 545 plazas vacantes de funcionarios en la Administración General de la Junta, lo que supone aproximadamente un 33,5% de la plantilla total. Especialmente acusado es en el grupo C2, con más de la mitad plazas sin ocupar.
La situación resulta “alarmante” si se tiene en cuenta que solo en el caso del personal laboral de Agcyl está previsto que un 10% acabe su vida laboral en dos años. Son nada menos que 150 los laborales que están a punto de jubilarse en Salamanca.
“Los datos son tozudos”. Se requiere una “oferta de empleo público suficiente y ajustada a la realidad”, ha reclamado De la Iglesia.
A esa situación se suma, según ha explicado la responsable de CSIF de Estudios y Normativa del sector de Agcyl en Castilla y León, Mar Carrascal, el “nocivo, injusto, discriminatorio e insuficiente” convenio colectivo de Laborales de la Junta, que no firmó CSIF, y que “lesiona los intereses” de más de 15.000 trabajadores en Castilla y León (aproximadamente 1.400 en Salamanca).
Como responsable de la negociación de ese convenio, Carrascal ha recordado que CSIF se opuso a la firma del convenio porque "no da seguridad jurídica, no mejora las retribuciones, no garantiza una jubilación parcial, sin discriminaciones, al mismo tiempo que rebaja la titulación de 18 categorías profesionales, lo que impedirá una reclasificación futura, y agrupa categorías, como la de auxiliares de enfermería y cuidadores, cuando tienen funciones diferentes".
“Ya advertimos de las consecuencias negativas que conllevaría y el tiempo no ha tardado en darnos la razón”, ha apuntado, en referencia a las tres sentencias del Juzgado de lo Social N.º 2 de Salamanca, que declara improcedentes tres despidos de trabajadores de centros de menores de Salamanca, propiciados por el nuevo convenio colectivo de laborales de la Junta.
“Las señales son evidentes, pero la Junta sigue mirando hacia otro, incapaz de planificar y gestionar de manera adecuada su política de personal”, ha subrayado el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, quien ha reclamado que se avance en la negociación de la estabilización y en el refuerzo de plantillas, la mejora de las condiciones laborales o la equiparación salarial de los trabajadores de la Junta, para lo que reclama la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos.
FOTOS: DAVID SAÑUDO