OPINIóN
Actualizado 06/02/2024 13:33:06
Enrique Arias Vega

Si hace pocos años, meses, incluso, se hubiese dicho que los partidos políticos españoles deberían resolver sus conflictos en el extranjero con un mediador internacional, no nos lo hubiésemos creído.

Eso es lo que está pasando en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons con la mediación del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No se trata de una cesión de soberanía, en sentido estricto, pero sí la comprobación de que en el marco de las instituciones españolas no es posible un diálogo fructífero que solucione las diferencias entre unos y otros.

Esto, decimos, dentro de la UE, que al fin y al cabo es una entidad a la que pertenece España de pleno derecho y cuyas decisiones en las más altas instancias — lo que no es el caso que nos ocupa— obligan a todos los países miembros.

Lo malo de la moda de la mediación y de la desconfianza mutua es que ha traspasado la UE y ha llegado a Suiza, donde el mediador salvadoreño Francisco Galindo Vélez intermediará por escrito en los acuerdos entre el PSOE y Junts para que ninguno se salte lo acordado.

Estamos, pues, en un momento en que no nos creemos que nuestra soberanía nacional pueda resolver los conflictos y acudimos a cualquier medida, por estrafalaria que sea, para solucionar fuera de casa aquello que no somos capaces de solventar por nosotros mismos. Es decir, que somos un poco menos soberanos que antes de instalarse el conflicto entre nosotros.

La posible prueba de que nos resolverán fuera lo que no somos capaces de remediar nosotros la tenemos en la ley de amnistía aún no aprobada que puede llegar a la UE para ver que se cumplan los estándares democráticos que no admiten el borrón y cuenta nueva con el terrorismo y la malversación de fondos. No es, como se ve, una situación equiparable a la de los mediadores, pues entra dentro de las competencias europeas, pero sí que supone un reconocimiento más de nuestra impotencia interna y de la debilidad de la democracia española, que necesita hacer concesiones exteriores para que le digan lo que tiene que hacer.

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