El sindicato denuncia que el Ayuntamiento “ha negado a las delegadas y delegados de UGT ejercer su función y se les ha negado toda interlocución”, lo que califican ”un claro ejercicio de falta de transparencia y democracia”
Mediante un comunicado, UGT Servicios Públicos de Salamanca advierte de que la privatización de la gestión de la residencia municipal de mayores de Villarino de los Aires “pondrá en riesgo una treintena de puestos de trabajo”, pues cabe recordar, como informó ayer LAS ARRIBES AL DÍA, que el Ayuntamiento aprobó el pasado 28 de diciembre la propuesta del consejo rector para que este servicio pase a una gestión indirecta, mediante su contratación a una empresa privada, por “problemas económicos, sociales y laborales”, como recoge el BOP en la publicación del 9 de enero respecto al acuerdo sometido, en estos momentos, al periodo de alegaciones.
Para UGT Servicios Públicos de Salamanca, este cambio de gestión es “una privatización pura y dura”, que desde el Ayuntamiento de Villarino “se ha ido preparando en los últimos meses” y que pone en riesgo “el empleo de una treintena de profesionales, así como el perjuicio que ocasionará para la economía del municipio”, señalan.
Además, este sindicato también denuncia el importante incremento de las tarifas a los residentes, un aumento firmado “con alevosía” y en beneficio de la futura empresa que gestione la residencia, y que estará entre los 200 y 600 euros por residente y mes.
Desde el Ayuntamiento de Villarino “se ha negado a las delegadas y delegados de UGT Servicios Públicos ejercer su función y se les ha negado toda interlocución, en un claro ejercicio de falta de transparencia y democracia, denuncian desde el sindicato de trabajadores.
En la actualidad, la residencia de ancianos de Villarino es gestionada por un organismo autónomo municipal “y con argumentos falaces como los problemas económicos, de organización interna y de personal, se decidió privatizar”, señalan desde UGT,
Asmimso, “llama la atención, además, que la plantilla de esta residencia, compuesta por una treintena de profesionales socio-sanitarios, estaba pendiente de un proceso de estabilización y que obligaba a que, antes de que finalizara 2024, el Ayuntamiento tenía que hacer fijos a todos los trabajadores. Sin embargo, mientras la plantilla esperaba esta medida, el Ayuntamiento inicia el proceso de privatización de la residencia, que no solo pone en peligro el mantenimiento de una treintena de puestos de trabajo, sino el respaldo a la economía local del municipio”.