Según el Eurobarómetro, en España hay una muy buena disposición para la cooperación al Desarrollo, se estima que de los encuestados el 98% consideran que es fundamental colaborar con países externos a la Unión Europea para reducir la pobreza. Así mismo plantean que los retos más importantes para asumir son salud (45%), educación (44%), y paz y seguridad (34%). Por supuesto esto evidencia que en España sobran los motivos para querer cooperar y alcanzar un mejor desarrollo humano en el mundo.
Michelle Calderón Rojas
Defensora de los Derechos Humanos
El mes de febrero del año pasado, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la cual marca el camino que España ha de emprender en términos de cooperación frente a los retos mundiales asumidos con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2023. La mencionada ley se centra en asuntos ambientales, salud global, asuntos alimentarios y en potenciar las alianzas intersectoriales.
El medio de comunicación del palacio de la Moncloa ha resaltado que el presupuesto establecido para la Ayuda Oficial al Desarrollo es del 0,7% de la Renta Nacional Bruta, lo que implica que España continúe su camino valioso de aportación a iniciativas de desarrollo y cooperación, que se había visto disminuido en presupuesto en los últimos 10 años.
Las estrategias e instrumentos que provee esta ley reemplazan los planteamientos de la norma anterior, construida hace 25 años, lo que permite una visión y un actuar que responda a necesidades contemporáneas; en este sentido es interesante mencionar que la Ley recibió aportaciones de ciudadanos y de múltiples partidos políticos, lo que fortalece el ejercicio democrático alrededor de la misma, pues «se recibieron más de 130 aportaciones de diversos actores y colectivos. El 97% de ellas han sido incluidas en el articulado y, además, durante el trámite parlamentario se han incorporado enmiendas de distintos grupos políticos».
Los cambios que se incorporan con esta norma se centran en cuatro aspectos principales, a saber, el aumento al 0,7% del presupuesto, según lo ya mencionado, cifra que para el 2020 sólo fue alcanzada por países como Luxemburgo, Suecia, Alemania y Dinamarca. Por su parte España históricamente había alcanzado hasta un 0,46%, por lo cual la cifra propuesta en la nueva norma es bastante considerable. Los planteamientos de la Ley se verán reflejados en los planes directores de cooperación que se implementarán en los siguientes gobiernos.
El segundo gran cambio que aporta la Ley es dotar de mayor autonomía a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, lo que implica algunos cambios institucionales en su interior para garantizar una mayor eficiencia y agilidad a la hora de utilizar los recursos.
Vale la pena resaltar el espíritu democrático en esta norma, así como una mayor protección a los cooperantes, dado que plantea la necesidad de dignificar y desarrollar su trabajo como representantes de la solidaridad española, en especial en contextos de peligro o riesgo al que en ocasiones se pueden ver estas personas en el ejercicio de sus labores. Por ejemplo, se estima que en España hay 2.689 personas dedicadas a la cooperación al desarrollo.
El cuarto aspecto que presenta ajustes es el aumento de la transparencia, la coordinación y diversificación en la cooperación descentralizada, esto es, la cooperación que ejercen las diputaciones provinciales, las autonomías, mancomunidades y demás.
El proceso de construcción de la Ley de Cooperación tomó alrededor de tres años, en los cuales los principios rectores de la misma se centraron en avanzar hacia el contrato social con el estado y demás actores fundamentales para construir un mundo mejor. Es una responsabilidad asumir los retos de pobreza que se presentan en el mundo y los demás padecimientos asociados que pueden sufrir personas en situación de vulnerabilidad.
Según el Eurobarómetro, en España hay una muy buena disposición para la cooperación al Desarrollo, se estima que de los encuestados el 98% consideran que es fundamental colaborar con países externos a la Unión Europea para reducir la pobreza. Así mismo plantean que los retos más importantes para asumir son salud (45%), educación (44%), y paz y seguridad (34%). Por supuesto esto evidencia que en España sobran los motivos para querer cooperar y alcanzar un mejor desarrollo humano en el mundo.