La plataforma considera inaceptable la exclusión de dicho complemento de aquellos docentes que cobraron en su día la paga de antigüedad.
La Plataforma de Docentes de los Colegios Concertados de Castilla y León ha presentado las primeras 85 demandas contra las entidades religiosas que llevan dichos centros y contra la Junta, en este caso en su condición de pagadora, por lo que considera una "discriminación salarial" cometida contra aquellos docentes a los que se ha acordado excluir del complemento de carrera profesional por haber cobrado ya la paga de antigüedad.
La mayoría de las demandas procede de las provincias de Ávila, Valladolid y Salamanca y está previsto que se sumen a dicho proceso reivindicativo otros afectados de Burgos y en los próximos meses docentes de colegios concertados del resto de provincias, toda vez que el conflicto, según calculan desde la plataforma, puede afectar a cerca de 700 u 800 profesores de un colectivo total en Castilla y León próximo a los 9.000.
Y es que el complemento de la carrera profesional aplicado en su momento al sector de la sanidad y más tarde al colectivo de docentes públicos genera, a juicio de la plataforma, una "desigualdad o discriminación salarial" al trasladarse también, con el visto bueno de los sindicatos FSIE, USO y CCOO, a los docentes de colegios concertados por dejar fuera del mismo a aquellos más veteranos que ya han cobrado la paga de antigüedad, consistente en cinco mensualidades, por servicios prestados a lo largo de veinticinco años.
El portavoz de la plataforma, Roberto Fernández Palenzuela, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que los grandes perjudicados serán esos profesores más veteranos que, a falta de los sexenios que sí cobran los de la pública, han percibido la paga de antigüedad y se ven ahora sin la posibilidad de cobrar ese complemento por la carrera profesional que sí han pasado a recibir compañeros con menos años de ejercicio.
"Resulta que ahora hay compañeros de al lado que, con las mismas clases y siendo más jóvenes, van a cobrar 300 euros más al mes, a lo que se suma el grave perjuicio que sufrirán los excluidos en su base reguladora a la hora de calcular su futura pensión", ha censurado Fernández Palenzuela, quien calcula que solo esos 300 euros menos al mes, descontando el importe de la paga de antigüedad, supondrán una merma económica de 50.000 euros a nueve años, aunque la pérdida es "un dineral" si se tiene en cuenta también la repercusión en la base reguladora.
Ante ello, la plataforma ha decidido interponer las primeras 85 demandas contra las 'empresas' contratantes de los docentes y contra la Junta como pagadora final, tras haber intentado sin éxito hablar con la consejera del ramo, el secretario general de Educación, los sindicatos e incluso con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien el portavoz asegura que remitieron una carta pidiendo una reunión para abordar el conflicto.