El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente para reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), por sicarios de Trujillo en la República Dominicana. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".
Como cada año, la Organización de las Naciones Unidas proclama el 25 de noviembre como Día Mundial de lucha para conseguir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y, como cada año, las organizaciones fascistas y reaccionarias de todos los países, y muy especialmente las de éste, se aprestan a aportar sus “matizaciones”, sus “aclaraciones” y sus “puntualizaciones” sobre el sentido y el contenido de la lucha que se plantea en este Día, con el único propósito, inocultable por descarado, vomitivo por apestoso, de boicotear cualquier avance institucional o social que pueda contribuir a la protección de las mujeres y las niñas de la insoportable violencia que sufren sistemáticamente.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta su muerte. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.?
Las resistencias a cualquier avance en la protección de las mujeres y las niñas son antiguas en España y, en los últimos años, han cristalizado en los ataques, descalificaciones e insultos a las cabezas visibles de la lucha institucional contra la violencia machista, encabezada por una de las mejores ministras que ha tenido este país en las últimas décadas, Irene Montero, que al frente de un hoy sospechosamente desactivado Ministerio de Igualdad, ha logrado empapar muchos recovecos institucionales y muchos hábitos sociales, de una conciencia feminista de protección de las mujeres y las niñas que, como era de esperar, escuece al machismo irredento español que trata por todos los medios de “matizar”, “aclarar” y “puntualizar” (es decir, boicotear) cualquier mejora.
El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política, según especialistas de diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención, están la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por «transformar las reglas sociales» y los roles que subordinan a la mujer. Y en en el camino hacia ese cambio donde se parapeta el fascismo español, ayudado tanto por la indiferencia como por la molicie de la inacción de una sociedad mayoritariamente indiferente.
Las declaraciones internacionales, tratados, acuerdos, leyes y documentos oficiales que intentan proteger a las mujeres y las niñas de todas las clases de violencia que se ejercen sobre ellas (sexual, laboral, de integridad, de salud, acceso e igualdad), y las leyes españolas que intentan protegerlas, caen continuamente en saco roto y son incumplidas, obviadas o directamente transgredidas sin apenas reproche social y ninguno penal, debido a la actitud machista y contraria a la misma igualdad practicada por cierta parte de los medios de comunicación, muchos parlamentos regionales y gobiernos autonómicos, ayuntamientos con todavía enormes costras fascisgtasx y franquistas, instituciones religiosas, órganos militares, asociaciones judiciales e instituciones públicas y privadas de todo tipo que, además del perjuicio que su propio funcionamiento machista causa en quienes de esas instituciones forman parte o con ellas han de relacionarse, aportan un “modelo” imitable por grandes masas de personas fácilmente manipulables.
Más allá del lazo violeta, la pancarta ocurrente y el griterío vano, es precisa una lucha directa, una actitud personal activa y constante que impida y se enfrente con actitudes cotidianas que conscientemente el machismo hace suyas e inconscientemente los desavisados repiten, generando las condiciones de la desigualdad y el maltrato. Más allá de las medallas y los homenajes, es precisa una continuada exigencia responsable e individual a los representantes públicos para la adopción de políticas activas y permanentes, para la revisión de comportamientos desigualitarios, para la defensa del género femenino en leyes y en accesos y, sobre todo, es preciso el convencimiento educado, informado y cabal de que formar parte de una sociedad maltratadora, machista, desigual y criminal con las mujeres y las niñas, deshonra a quien lo soporta y abarata moralmente a quien lo ignora, lo que haría que días como el 25 de noviembre fuesen innecesarios. Hasta entonces, serán necesarios, también, estos repetitivos artículos de opinión.