El presidente de la Audiencia Provincial destaca "nuestra preocupación por esas referencias que en el acuerdo firmado al control parlamentario de las decisiones judiciales"
La Ley de la Amnistía continua provocando concentraciones en diversos puntos del país. En Salamanca, el presidente de la Audiencia Provincial y el Juez Decano han encabezado una concentración en defensa de la separación de poderes y contra la Ley de Amnistía. En el acto, que ha tenido lugar en la puerta de los Juzgados de Salamanca, se ha leído un comunicado.
El presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega, y el juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, han encabezado esta concentración, que ha contado con la presencia de diferentes profesionales jurídicos de Salamanca. Además, han contado con el apoyo del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz; y concejales del PP y Vox en el Ayuntamiento. Así como de personas que se han acercado hasta el lugar.
Tras la concentración, en atenciones a los medios de comunicación, el juez decano de los Juzgados de Salamanca ha explicado que esta concentración "es para mostrar nuestra preocupación por esas referencias que en el acuerdo firmado al control parlamentario de las decisiones judiciales, porque ataca a la división de poderes y la esencia de cualquier estado de derecho es la división de poderes".
En este sentido, ha añadido que "el monopolio de la jurisdicción en los estados democráticos las tienen los juzgados y los tribunales, y toda interferencia ajena es una excepción, como los indultos y las amnistías. Pero no se peude permitir que el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado".
"Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias.
El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibbilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisione sjudiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del poder judicial, no son aceptables. El poder judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".