A partir de abril de 2018, la situación de derechos humanos en Nicaragua se deterioró de manera preocupante. Las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega se hicieron siempre más fuertes y participadas, y tuvieron como respuesta una represión violenta y sangrienta a cargo de las fuerzas del presidente.
Camilla Cardini
Defensora de los Derechos Humanos
José Daniel Ortega Saavedra es el presidente de la República de Nicaragua desde enero de 2007, o sea, desde hace más de 16 años. Ganó las elecciones en el 2007 y fue reelegido otras tres veces, aunque diferentes países y organizaciones internacionales denunciaron las elecciones por ser ilegítimas. Desde 2017 asignó a su esposa Rosario Murillo el rol de vicepresidenta, fortaleciendo aún más su papel en el control del país.
En 2018, durante su cuarto mandato, dio inicio una crisis político-social que aún continúa. La crisis emergió en un contexto difícil de desmoronamiento paulatino del Estado de Derecho en Nicaragua, al que se sumaron las protestas empezadas como reacción a una reforma de la seguridad social publicada el 18 de abril de 2018. Fue la gota que colmó el vaso. Las protestas empezaron con una pequeña manifestación pacífica duramente reprimida por la policía. Fue precisamente la dura reacción de las fuerzas armadas, apoyadas también por grupos paramilitares y otros actores no estatales simpatizantes de Ortega, lo que aumentó la importancia y la participación de las protestas. A pesar de que el gobierno retiró la reforma unos días después, las protestas siguieron. Los manifestantes pedían el retiro de la pareja Ortega-Murillo de la dirección del país.
Las protestas fueron llevadas a cabo sobre todo por grupos de estudiantes universitarios, y se concentraron principalmente en Masaya, Managua (capital del país) y otras ciudades cercanas. Desde el 19 de abril las protestas fueron reprimidas a través del uso de armas de fuego: se produjo una matanza de manifestantes. No se utilizaron técnicas de control de multitudes, sino acciones dirigidas a matar manifestantes, como demuestra la presencia de francotiradores en los tejados de casas y edificios. Tras las violencias las manifestaciones se redujeron, hasta que el 28 de septiembre de 2018 cualquier tipo de manifestación pública fue declarada ilegal.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 18 de abril hasta el 1 de octubre de 2018 las personas fallecidas en el contexto de las protestas fueron 350, la mayoría eran jóvenes; en cambio, los datos proporcionados por el Gobierno de Nicaragua sólo indican 198 fallecimientos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido para investigar las presuntas violaciones y abusos en el país, afirma en su informe que la ministra de sanidad dio la orden a centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso a manifestantes. Muchos heridos, además, fueron objeto de malas prácticas médicas intencionales, y el personal sanitario que rechazaba estas directivas sufrió represalias.
Paralelamente a las protestas y a las represiones, el gobierno utilizó de manera abusiva la criminalización y la encarcelación contra los opositores políticos, reales y percibidos. A partir de 2018 se registraron cientos de detenciones con motivaciones políticas de estudiantes, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, entre otros. Los procesos penales no respetaban las garantías internacionalmente reconocidas, por lo tanto, no pueden ser considerados juicios justos. De ahí emerge claramente la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua.
Por otro lado, los varios grupos de organizaciones internacionales que han investigado sobre el caso de Nicaragua han señalado que no hubo ninguna encarcelación ni condena a policías o a personas pertenecientes a los grupos pro-gobierno; al contrario, algunas de estas fueron ascendidas.
El gobierno de Ortega, para intentar silenciar cualquier tipo de crítica, se hizo también responsable de censuras y ataques a organizaciones locales de derechos humanos y de periodistas. Una de las formas más utilizadas por el gobierno fue la cancelación de la personalidad jurídica de estos actores y la criminalización de sus miembros. Muchos activistas y periodistas se vieron obligados a huir de Nicaragua, intentando encontrar maneras diferentes para seguir trabajando para la defensa de los derechos humanos e informar al resto del mundo de lo que está pasando en el país.
Durante los últimos cinco años las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua no se detuvieron en ningún momento. Según el CIDH dichas violaciones han provocado la muerte de al menos 355 personas y más de dos mil heridas. 2.090 personas fueron encarceladas injustamente y más de tres mil organizaciones fueron canceladas. Por otra parte, más de 150 estudiantes fueron expulsados de sus universidades y decenas de centros de estudio y universidades privadas han sido cerradas forzadamente para limitar la libertad académica en todo el país.
En lo que va del año 2023, se registraron nuevas violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En especial, el 9 de febrero fueron excarceladas 222 personas a las que se quitó la nacionalidad para deportarlas posteriormente a Estados Unidos. Esta es una acción que viola el principio de derecho internacional así como la Convención para Reducir los Casos de Apátridas (1961) de la que Nicaragua es parte juntos a otros 64 estados.
La crisis política y social sigue siendo un problema grave tanto para Nicaragua como para la comunidad internacional. Las más altas esferas del Estado, o sea el presidente y la vicepresidente, se hicieron culpables de graves crímenes de lesa humanidad a partir de 2018 para poder operar en el país sin ningún tipo de control.
La situación es grave y es importante que la comunidad internacional actúe de forma coordinada para ayudar a los ciudadanos nicaragüenses que ven reprimidos sus derechos fundamentales desde hace cinco años, y para que los responsables de estos crímenes contra la humanidad paguen de una vez por todas.