Desde Amnistía Internacional se recuerda que si bien los últimos ataques sobre Israel deben enmarcarse en la situación antes descrita, nada justifica la realización de crímenes de guerra. Por otra parte, Israel debe acabar con una situación estructural que dura demasiado tiempo, terminando con el apartheid sobre la población palestina y poniendo fin al bloqueo ilegal sobre Gaza. En caso contrario la población civil seguirá pagando un precio demasiado alto con algo que no lo tiene, la vida humana.
Jesús Piñuela
Activista por los derechos humanos
Nos encontramos en la madrugada del día 7 de octubre. Desde Gaza se inicia el lanzamiento masivo de cohetes con el fin de saturar el sistema defensivo israelí. Dicho objetivo se logró en gran parte. Miles de cohetes alcanzaron zonas del sur y el centro de Israel llegando, incluso, a Tel Aviv. El resultado es, hasta el momento, unos 1.200 muertos en Israel, incluyendo menores de edad y alrededor de 2.400 heridos. Dicho ataque fue seguido de la incursión en territorio israelí por parte de miembros de Hamas y de otros grupos armados palestinos. Especialmente grave fue el ataque contra el festival Nova Music en el que habrían fallecido, al menos, 260 jóvenes. Al mismo tiempo, unas 150 personas, incluyendo niños y niñas, fueron tomados como rehenes. Desde el punto de vista del Derecho Internacional esta acción es indudablemente un crimen de guerra.
La respuesta israelí tampoco se hizo esperar. En pocas horas se produjo un bombardeo masivo sobre Gaza afectando indiscriminadamente a toda la población residente en la misma. Dicho bombardeo ha ido acompañado de cortes de luz, destrucción de pozos de agua, inutilización de centros sanitarios, etc. Esta represalia desproporcionada por parte del Estado de Israel también incurre en crímenes de guerra bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario.
Para entender el origen del conflicto debemos remontarnos al último cuarto del siglo XIX. Durante este periodo surge el sionismo, un movimiento nacionalista que perseguía la creación de un Estado judío en la Tierra Prometida, localizada en los territorios tradicionalmente ocupados por palestinos. La primera gran oleada de judíos a esta zona tuvo lugar durante la década de 1930 como consecuencia de la persecución nazi. Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en la Palestina histórica fueron creciendo y, con ello, aumentaron los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban ese territorio como propio. Ante este panorama, el Reino Unido, la potencia colonial ocupante, acudió a Naciones Unidas en 1947, que emitió la Resolución 181 (II). Esta resolución dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A este último se le asignó el 54% del territorio. En 1948, Israel ganó la Guerra de la Independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. Bajo dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano, Cisjordania (incluido Jerusalén Este). Para los palestinos esta guerra fue la "Nakba" (desastre o catástrofe). Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso del 85%. Entre 700.000 y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos o desplazados en Gaza y Cisjordania. Esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y, más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los cinco millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU, de 1948, reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto. Y también se lo reconoce a sus descendientes. Setenta y cinco años después, la resolución sigue sin cumplirse.
Desde 1970, Israel ha declarado que el 18% de Cisjordania únicamente sirve para entrenamiento militar, por lo que es peligroso vivir allí y en consecuencia nadie puede hacerlo. Casualmente, esas áreas de tiro abarcan zonas estratégicas por los recursos que albergan y en las que viven (o vivían) comunidades palestinas especialmente vulnerables que carecían de acceso a sanidad, electricidad, educación o agua. Por su parte, la Franja de Gaza es hoy día, según Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, «el infierno en la tierra». La situación humanitaria es extremadamente preocupante en una región donde viven unos dos millones de personas, de las cuales, más de la mitad son menores. El 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados.
Desde hace décadas tanto el Consejo de Seguridad como otros órganos de Naciones Unidas han emitido toda una serie de resoluciones y decisiones para intentar resolver el conflicto. Sin embargo, a la falta de cumplimiento de las mismas por parte de Israel se une la ausencia de voluntad política por parte la comunidad internacional para exigirlas. Como ha llegado a afirmar Antonio Guterres «no puede haber paz sin justicia, ni justicia si prevalece la impunidad». Un informe del Relator Especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, reconoció en marzo de 2022 que la situación se debía calificar de Apartheid.
Desde Amnistía Internacional se recuerda que si bien los últimos ataques sobre Israel deben enmarcarse en la situación antes descrita, nada justifica la realización de crímenes de guerra. Por otra parte, Israel debe acabar con una situación estructural que dura demasiado tiempo, terminando con el apartheid sobre la población palestina y poniendo fin al bloqueo ilegal sobre Gaza. En caso contrario la población civil seguirá pagando un precio demasiado alto con algo que no lo tiene, la vida humana.