Confieso que he pecado de ingenua, pero el gran amor que siento por Extremadura y por los extremeños me hizo creer en la integridad de María Guardiola, futura presidenta de la comunidad. Dijo por activa y por pasiva que no pensaba meter a Vox en su Gobierno.
Desde el 28 de mayo Vox llevaba pidiéndole consejerías y ella negándoselas aunque hubiera que repetir elecciones. “Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a los que deshumanizan inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI”, decía alto, firme y claro, y me sentía tan orgullosa de ella como de toda la gente de esa querida tierra. Pero finalmente Vox ha conseguido lo que quería. De los primeros en celebrarlo ha sido el presidente de Castilla y León.
Está muy orgulloso de haber sido el primero en abrirle las puertas a Vox. Gracias a ellos Castilla y León es la comunidad que menos parados tiene. Pero la señora Guardiola sabe, o debería saber, que no es gracias a Vox, es gracias a que las personas en edad laboral se van a trabajar fuera, no en vano es la autonomía más despoblada y la que mayor número de personas mayores tiene. También lo celebra su partido, quien sin duda tiene que ver en este cambio.
Ella lo justifica diciendo que su palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños y solamente les pide que la juzguen como presidenta. Así será, pero la juzgarán como la presidenta que los ha traicionado, que les ha mentido antes de empezar a gobernar, que ha antepuesto sus ambiciones personales a los intereses de los ciudadanos. O sea que los extremeños ni le van ni le vienen, lo que le importa es el sueldo que van a pagarle por salir en la foto que toque y recordarles de vez en cuando que se desvive por el progreso de su tierra y el bienestar de sus gentes. No sabemos qué pasará el día 23, pero una cosa es segura: durante cuatro años.
Extremadura, como todas las autonomías donde Vox ha conseguido entrar, verá perder derechos que tanto ha costado conseguir y recordar palabras que ya teníamos olvidadas. Ya han empezado a desenvainar las armas con las que aspiran a acabar con el PP, con el PSOE y con todos los partidos que se les pongan por delante . Tras la toma de posesión de los nuevos concejales de gobiernos PP-Vox, en Náquera (València) ha quedado prohibido colgar la bandera arcoíris de los derechos LGTBI en edificios públicos.
Lo mismo ha sucedido en otras poblaciones. En la localidad valenciana tampoco habrá más comunicados oficiales de condena tras un asesinato machista ni se convocarán minutos de silencio que rechacen de manera específica la violencia de género. En Elche (Alicante) desaparece la concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. El nuevo ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid), con la Concejalía de Cultura en manos de Vox, ha cancelado el estreno de una obra teatral de Virginia Woolf sobre homosexualidad. Y no están dispuestos a perder tiempo.
En unos días volveremos a enfrentarnos a otra campaña electoral. Si los que aspiran a gobernarnos sintieran un mínimo de respeto por los ciudadanos, en lugar de aprovecharla para echarse flores a ellos mismos y a destruir a los contrarios, la aprovecharían para explicarles a los más jóvenes sobre todo lo que significan las palabras censura, prohibir, exclusión… entre otras que tanto sufrimiento han causado a no pocos españoles.