Se trata de personal laboral de la Administración de Justicia que denuncia su "precaria situación laboral" y reclama mejoras salariales y de este servicio público
El personal laboral de la Administración de Justicia de Salamanca también se está movilizando para reclamar mejoras laborales y salariales. Ya el 24 de mayo hubo huelga con un seguimiento del 90%, "ya que aunque es un grupo muy heterogéneo, que engloba muy diversas disciplinas y categorías profesionales, todos ellos se muestran unidos, concienciados e implicados en conseguir unas justas condiciones laborales", explican.
Lamentan que "el Ministerio de Justicia sigue sin pronunciarse ante las reivindicaciones planteadas por los Equipos Técnicos Forenses y en general de todo el personal laboral de la Administración de Justicia", por lo que se convocan nuevas jornadas de huelga para el 30 de mayo y el 1 de junio. Además, se seguirán realizando concentraciones y manifestaciones en las principales capitales de provincia.
Los educadores, trabajadores sociales y psicólogos forenses intervienen en procedimientos judiciales como la violencia de género, agresiones sexuales, menores infractores, menores víctimas de malos tratos, guardas y custodias… elaborando informes periciales que posteriormente deben ratificar en los juicios en calidad de peritos.
Por eso, argumentan que "esta gran especialidad técnica y la responsabilidad de su trabajo nunca ha sido reconocido por la Administración, que durante más de 30 años ha ignorado las condiciones laborales de este colectivo, por lo que nos hemos visto abocados a recurrir, por primera vez, a la huelga para reclamar, una vez más, que el Ministerio de Justicia nos convoque urgentemente a una reunión para exponer detalladamente la precaria situación laboral en las que nos encuentranmos y que se negocien una serie de mejoras que, sin duda, también van a redundar en un mejor funcionamiento y calidad de servicio para los ciudadanos".
Además, advierten que "las jornadas de huelga agravan el normal funcionamiento de la justicia, provocando que como consecuencia de ellas se hayan visto paralizados procedimientos en los que intervienen dichos profesionales, que son urgentes y no pueden demorarse en el tiempo, siendo los principales perjudicados los colectivos más vulnerables como los menores y víctimas de la violencia de género, que a la vez son lo que requieren de una mayor protección dentro del engranaje judicial. Por ello, reclamamos a la Administración una rápida respuesta que solvente esta situación y no deteriore más el servicio público que prestamos los equipos técnicos forenses".