Suele decirse, y no sin razones convincentes, que la democracia representativa, hasta el momento, es el régimen político más civilizado de todos los que, hasta ahora, se ha dotado el ser humano para vivir en comunidad y en sociedad.
Nosotros, los españoles, que hemos carecido de ella, al contrario de la mayoría de los países de la Europa occidental a la que pertenecemos, bien sabemos que es un privilegio y una fortuna gozar de ella.
Este domingo, que, en estas nuevas elecciones municipales y autonómicas también en algunas comunidades, tenemos la ocasión de reforzar, con nuestros votos, tal democracia representativa, ya que de tales votos surgirán los alcaldes y concejales de nuestros ayuntamientos, así como los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas que en estas elecciones se renuevan.
La democracia hay que defenderla siempre, como el régimen político menos malo, hasta el momento; como aquel que más se aproxima a la expresión –imperfecta siempre– de la voluntad del pueblo.
El gobierno del pueblo requiere, para quienes lo ejercen, por delegación del voto de toda la sociedad, una responsabilidad muy grande, al tiempo que una ética a prueba de bomba, como suele decirse.
Responsabilidad y ética que, en los países latinos (y en otros), a veces deja mucho que desear. Por ello, la ciudadanía ha de exigírsela a sus gobernantes; hemos de exigírsela a nuestros gobernantes, que han de poner el bien común, el bien general, el bien de todos, como el máximo y único criterio de buen gobierno.
Y ese bien común que ha de exigirse a nuestros gobernantes pasa hoy, entre nosotros, por el mantenimiento y la mejora de todo lo público: sanidad y educación en primer lugar; pero también por un trabajo digno y bien remunerado; por la posibilidad para todos del acceso a una vivienda (uno de los problemas más graves y acuciantes hoy de nuestra sociedad), sin precios abusivos de alquileres, de hipotecas, de valor de la misma; y pasa –y esto es muy importante– por la potenciación de políticas sociales de atención a los sectores marginales y marginados que viven bajo el umbral de la pobreza, una cifra más elevada de lo que nos creemos.
Todos estos elementos han de ser importantes a la hora de orientar el voto, libre y soberano siempre, de la ciudadanía.
Porque cada fecha en que se celebran elecciones, sean del tipo que sean –hoy, municipales y autonómicas–, ha de ser una fecha de celebración democrática, que tenga siempre, como objetivo supremo, la realización del bien común, del que toda la sociedad se beneficie.