OPINIóN
Actualizado 23/05/2023 07:58:25
Marcelino García

La posibilidad de la muerte de Cospito bajo custodia estatal es dramática, especialmente a la luz de las condiciones carcelarias a las que está sometido actualmente, que incluyen un aislamiento prolongado y excluyen cualquier contacto humano significativo. La pena, según el dictado constitucional, nunca debe ser contraria al sentido de humanidad.

Maria Laura Violato

Defensora de Derechos Humanos

El reciente caso de Alfredo Cospito, un importante militante anarquista, y su encarcelamiento, es ahora muy debatido en Italia. En particular, es de nuestro interés indagar la violación del derecho a la salud del preso debido a la total indiferencia que las instituciones italianas parecen mostrar hacia su huelga de hambre, que ha durado más de 100 días y las condiciones en las que le han obligado a vivir dentro de la prisión donde se encontraba.

Cospito fue condenado en 2013 por herir con un arma de fuego a Roberto Adinolfi, el director general de una empresa italiana de ingeniería energética, y después también fue acusado de colocar dos paquetes bomba frente a una escuela de policía, aunque la explosión no produjo heridos ni muertos. Como consecuencia, fue ingresado en el circuito de prisiones de alta seguridad, donde muchos derechos están restringidos debido a la naturaleza de los delitos de las personas allí encarceladas. En 2022, Cospito fue trasladado al régimen más duro y severo de Italia, también conocido como "41-bis", porque el Tribunal decide que el preso tenía que ser juzgado por asesinato político.

El régimen en el que se encuentra ahora el detenido se introdujo en 1986 con la ley del orden penitenciario n.663, pero se amplió tras el asesinato de Giovanni Falcone en 1992, un magistrado que luchó contra la mafia. Este tipo de régimen se diseñó para casos en los que existen graves razones de orden público y seguridad, en particular de carácter mafioso, con el objetivo de cortar cualquier tipo de vínculo entre el preso y la organización criminal. Los presos sometidos al 41-bis son colocados en secciones separadas del resto de la institución y bajo la custodia de departamentos especializados de la policía penitenciaria. Se trata de uno de los tipos de régimen más duros, tanto que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, condenando a Italia en varias ocasiones. El caso más llamativo y reciente se sitúa en 2018 y está relacionado con el mafioso Provenzano: según el Tribunal, Italia violó la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. El 41-bis se consideró perjudicial, discriminatorio y no inspirado en fines educativos hacia el recluso.

Para entender las razones del debate hay que especificar quien es Alfredo Cospito: es un personaje complejo y una figura relevante en la escena anarquista italiana pero también internacional. El régimen para él se ha justificado por la intención de cortar sus lazos con el exterior y con el mundo anarquista. Más concretamente se supone la conexión de Cospito con la organización FAI (Federación anarquista italiana) que se equipara con una organización jerárquica y criminal, como las mafiosas. La organización anarquista, en realidad, se contrapone a las estructuras de las organizaciones mafiosas, pero equipararlas parece ser la razón con la que se pueda justificar la detención de Cospito en el régimen 41-bis.

La supuesta evidencia por la que se ha aplicado este régimen es por algunos escritos de Cospito difundidos en el mundo anarquista en los que incita a no renunciar a la violencia y por lo tanto se ha asumido su vinculación con la militancia activa fuera de la cárcel. Cospito considera que el 41-bis es un régimen opresor y se opone a él con todas sus fuerzas, considerando, además, que sus razones para estar sometido a tal régimen son muy poco sólidas. La huelga de hambre de Cospito empieza el 20 Octubre 2022 y solo después de tres meses las protestas han sido escuchadas hasta el punto de que el detenido ha sido trasladado a otro centro penitenciario con personal médico preparado para intervenir en caso de urgencia, pero las autoridades siguen dando poca importancia al asunto y al hecho de que hasta el momento el detenido haya perdido cerca de 40 kilos y no tenga intención de cesar su huelga de hambre hasta que no se le retire el régimen 41 bis.

Tanto Amnistía Internacional, como Antigone ONLUS (sobre los derechos humanos de los detenidos), como A Buon Diritto ONLUS (sobre derechos humanos, privación de la libertad e inmigración) se sumaron a las protestas contra el régimen especial del 41 bis al que está sometido el preso en cuestión y sus condiciones críticas. Las tres organizaciones están de acuerdo sobre: “La posibilidad de la muerte de Cospito bajo custodia estatal es dramática, especialmente a la luz de las condiciones carcelarias a las que está sometido actualmente, que incluyen un aislamiento prolongado y excluyen cualquier contacto humano significativo. La pena, según el dictado constitucional, nunca debe ser contraria al sentido de humanidad”.

La prisión en la que se encontraba no puede acoger este tipo de régimen y las condiciones de reclusión eran contrarias al sentido de humanidad, de hecho, la cárcel donde estaba antes no aseguraba estructuras médicas en condiciones de intervenir en casos de urgencia.

Se trata de un caso muy particular que aún no se ha resuelto, pero que resulta muy interesante para reflexionar sobre las condiciones del régimen del 41-bis, que pueden considerarse crueles y degradantes, y sobre el derecho a la salud y los derechos humanos de los presos, que desgraciadamente se violan con demasiada frecuencia.

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