Me alegro y felicito a la Iglesia porque finalmente se tome en serio los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores. Es muy tarde “pero mejor tarde que nunca”.
En España, al menos desde 1994, sabían por escrito (en un libro y varios artículos) y en conferencias, congresos y entrevistas que también en esta institución (era y es un problema nacional e internacional, no solo de los eclesiásticos) tenían un grave problema con los abusos. El estudio que me encargó en Ministerio de Asuntos Sociales y que hicimos desde la Universidad d Salamanca detectó con una muestra nacional (no una específica del clero, sino de la población entre 18 y 60 años) que del 9% de los menores varones habían sufrido abusos por parte del clero, en España.
Muchos años de silencio, hasta que el clamor internacional ha hecho imposible mantener el silencio.
Por fin con el Papa actual (los Jesuitas y otras instituciones ya se habían adelantado) han elaborado un protocolo (mejorando el propuesto en el 2019) de aplicación universal, ya publicado también en la diócesis de Salamanca estos días. Entra en vigor el 30 de abril de 2023.
Me felicito por la valentía de esté Papa. Creo que el documento tiene muchos aspectos positivos.
Contenido:
1º.- Marcos jurídicos:
a.- Estatal: delitos penales.
b.- Derecho Canónigo: investigaciones y sanciones dentro de la Iglesia.
2.- Prevención.
a.- Certificado de penales a quienes trabajan con menores.
b.- Compromiso expreso de responsabilidad firmado por todas las personas que trabajan en instituciones eclesiásticas.
3.- Conductas prohibidas. Se detallan conductas y situaciones de forma muy prolija.
3.- Procedimientos en caso de abuso.
a) Aspectos positivos:
-Prioridad de la jurisdicción Estatal si no ha prescrito el caso.
-Informe inmediato al Fiscal y paralización del proceso Canónico hasta que acabe el Eestatal.
-Supresión el Secreto Pontificio
- Apartado de Justicia restaurativa y pautas generales para con las víctimas.
b) Aspectos negativos:
El primero, creo que en prevención y detección debería señalarse el rol de la familia y la escuela. Estas dos instituciones pueden formar a los menores con programas de educación sexual (con una visión positiva de esta dimensión humana) y, en este contexto, formar a los menores para que se protejan en lo posible y aprendan a pedir ayuda.
En segundo lugar, creo que en los casos de menores que estén en un colegio concertado deberían tener un protocolo concreto específico de actuación, como la escuela pública, elaborado por las Comunidades Autónomas o por el Estado. Las víctimas, las familias y la propia Escuela, Colegio e Instituto (y otras instituciones deportivas y extraescolares) deben tener prioridad y claridad en las actuaciones desde el inicio de la detección o sospecha fundada, ya antes de la denuncia formal al fiscal.
En tercer lugar, el Derecho Canónico, en el cual soy lego, si tiene algún sentido, no creo que deba suplir los protocolos escolares y de otras instituciones, sino limitarse a llevar a cabo la llamada justicia restaurativa de los casos ya prescritos legalmente.
La Iglesia, en el pasado, ha cometido graves errores en este campo en la Confesión (con el secreto de confesión y la creencia en la eficacia de perdón, el arrepentimiento y el propósito de la enmienda de los abusadores) y los castigos propuestos por el Código Canónico, como los cambios de parroquia, colegio o ciudad, etc., impuestos a los abusadores. El secreto y la ineficacia se han dado la mano.
Por último, encuentro, en las descripciones de las partes el cuerpo que se pueden tocar o no, un tratamiento casuístico y miedo a las relaciones entre adultos y menores, muy propio de una cierta fobia al contacto corporal y la sexofobia del mundo conservador anglosajón. Si fuera cierta esta apreciación personal, enlazaría con una tradición que considera la sexualidad peligrosa. El peligro son los malos usos de la sexualidad, los que seducen, abusan o agreden a menores.
Los afectos y la sexualidad son una dimensión humana positiva, desde la infancia hasta la muerte.