Los migrantes víctimas de la tragedia en aguas de Calabria a fines de febrero de este año 2023 huían de situaciones terribles en las que peligraban su vida, sus derechos y sus libertades. Por eso gozaban del derecho de asilo, previsto en la Convención de Ginebra de 1951 y recogido en la Constitución italiana. Nadie les socorrió.
Camilla Cardini
Defensora de los Derechos Humanos
Cientos de personas, que lo arriesgan todo con la esperanza de alcanzar una vida mejor, siguen muriendo en las aguas del Mediterráneo. La última tragedia ha ocurrido en Italia, en aguas de la ciudad de Crotone, en Calabria, y en ella han perdido la vida más de 70 migrantes. No es la primera vez, y por desgracia no será la última, que se deja morir a personas que buscan refugio sin prestarles la ayuda que necesitan.
En la noche del 25 al 26 de febrero, una embarcación procedente de Turquía naufragó a pocas millas de la costa calabresa. En ella viajaban 250 migrantes procedentes principalmente de Afganistán, Siria, Irán, Irak y Pakistán, todos ellos países donde las condiciones de vida son difíciles y no están garantizados los derechos y libertades fundamentales. Los migrantes del barco eran, por tanto, refugiados, que se vieron obligados a huir de sus países de origen a causa de las malas condiciones de vida.
El incidente probablemente podría haberse evitado si el rescate y la denuncia de la embarcación se hubieran gestionado con eficacia. El sábado por la noche, un avión de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, informó de la presencia de una embarcación frente a la costa de Calabria, pero no la señaló como embarcación en peligro. Posteriormente, dos lanchas de la Guardia di Finanza salieron para identificar la embarcación y detener a posibles traficantes. Sin embargo, estas tuvieron que regresar debido a la mala mar. En cualquier caso, no se trataba de una operación de rescate. Ésta debería haberla llevado a cabo la Guardia Costera, que dispone de medios de salvamento incluso en caso de mar gruesa. Sin embargo, la operación de rescate no se inició y los guardacostas intervinieron demasiado tarde, cuando ya era imposible evitar el naufragio.
El ministro del Interior italiano declaró que había hecho todo lo posible por evitar la catástrofe, culpando a las condiciones del mar para justificar el fracaso de la operación de rescate. Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno italiano sigue afirmando que la solución para evitar nuevas tragedias de este tipo es concluir acuerdos bilaterales con los países de origen y gestionar la entrada en Italia por vías legales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de migrantes, que no son todos iguales. Los migrantes víctimas de esta tragedia huían de situaciones terribles en las que peligraban su vida, sus derechos y sus libertades. Por eso gozaban del derecho de asilo, previsto en la Convención de Ginebra de 1951 y recogido en la Constitución italiana. En este caso, la solución encontrada por el gobierno italiano no habría sido aplicable. No dejar marchar a estas personas equivalía a no respetar su derecho.
El gobierno italiano también aprobó recientemente el "decreto ONG", que entró en vigor a finales de febrero para regular las intervenciones de los barcos de las ONG que realizan operaciones de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo, y limitar sus operaciones introduciendo nuevas normas para el rescate de migrantes en el mar. El decreto dispone sanciones y detenciones administrativas para los buques que no cumplan las nuevas normas.
Es inaceptable que se castigue por salvar vidas; está claro que el sistema no funciona eficazmente y debe revisarse. La UE necesita urgentemente establecer un plan que sea eficaz y hacer que todos los estados lo cumplan. Por desgracia, las prioridades de la mayoría de los políticos nunca son las personas en apuros, especialmente si son extranjeros, y pasará tiempo antes de que se encuentre una solución que ofrezca mejores opciones a los inmigrantes en dificultad, para poner fin a estas tragedias de una vez por todas.