A pesar de que esta práctica sigue estando muy extendida, la realidad es que ha sido reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establecen que las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir libres de violencia y a no ser sometidas a prácticas dañinas como esta.
Patricia Mariño Gonçalves
Defensora de los Derechos Humanos
Se entiende por mutilación genital femenina aquella práctica que involucra la eliminación parcial o total de los órganos genitales femeninos por razones culturales, religiosas o sociales. Esta práctica suele llevarse a cabo durante la infancia o la adolescencia y tiene graves consecuencias para la salud física y psicológica de quienes la sufren. Algunas complicaciones a corto y largo plazo pueden ser infecciones, problemas menstruales, infertilidad, complicaciones en el parto y problemas psicológicos. Se practica en alrededor de 30 países, principalmente en África, como Somalia, Guinea, Djibouti, Eritrea, Mali y Sierra Leona, aunque también se ha registrado en otros países de Asia y Oriente Medio, como Irak, Irán, Yemen y Omán.
A pesar de que esta práctica sigue estando muy extendida, la realidad es que ha sido reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establecen que las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir libres de violencia y a no ser sometidas a prácticas dañinas como la MGF.
Por otro lado, la MGF está prohibida en todos los países de la Unión Europea y la mayoría tienen leyes que castigan a los responsables con penas de prisión. En España, la MGF está tipificada como un delito de lesiones graves en el Código Penal, castigado con penas de prisión de 6 a 12 años. Además, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género también establece algunas específicas para la prevención y erradicación de la MGF.
Según la OMS, alrededor de unos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la ablación en el mundo. Si bien es cierto que en 2020 ha habido una reducción de 15 puntos respecto a 1990 en el porcentaje de mujeres que han sufrido esta práctica, sigue habiendo países donde el porcentaje de población femenina que se enfrenta a esto es superior, como por ejemplo en el año 2018 en Mali, donde el 83% de las mujeres habían pasado por ella. Le siguen Mauritania con un 51% e Indonesia con un 49%. Por otro lado, con los datos disponibles, entre el 2014 y el 2018 el país donde más mujeres adultas la han sufrido es Somalia, donde un 98% de las mujeres se han visto involucradas. Sin embargo, parece ser que donde más conciencia existe por parte de las mujeres para acabar con ello es en Tanzania, Togo o Irak, donde casi un 95% de las mujeres consideran que esta práctica se debería de terminar. Ahora bien, el problema radica en que no todos los datos que tenemos son exactos debido a la gran cifra negra que existe.
En cuanto a los derechos humanos que están en juego, en primer lugar se debe hacer referencia al derecho a la integridad física y psicológica de las mujeres debido a las consecuencias para la salud que conlleva. En segundo lugar, el derecho a la vida, pues la MGF puede ser fatal en algunos casos, especialmente si se realiza en condiciones insalubres. Además, la MGF se dirige exclusivamente a las mujeres y niñas para controlar su sexualidad y restringir su libertad y autonomía, lo que a su vez vulnera también el derecho a la no discriminación. Lo anterior se debe a que en muchas comunidades la ablación se ve como un medio para controlar la sexualidad de las niñas o bien para velar por su castidad. Otras lo ven como un requisito necesario para poder acceder al matrimonio o bien para poder recibir la herencia. Por último, cabe mencionar que no se respeta tampoco el derecho a la educación de quienes la sufren, ya que la MGF a menudo se asocia con prácticas culturales y tradicionales, lo puede impedir que las niñas accedan a la educación, lo que a su vez contribuye a agudizar la situación de pobreza.
Amnistía internacional señala que «la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no tiene justificación médica ni religiosa. Es una práctica peligrosa y dolorosa que debe ser erradicada en todo el mundo». Sin embargo, erradicar esta práctica es un proceso complejo que requiere la cooperación y el compromiso de toda la comunidad global. Entre las soluciones a adoptar estaría la educación dirigida tanto a las comunidades que la practican como a las comunidades que la sufren, dando información sobre los riesgos y las consecuencias de la MGF así como sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas que se ven vulnerados. Por otro lado, la sensibilización debe involucrar a líderes religiosos y tradicionales, así como a las propias mujeres y niñas afectadas. También es necesario un reforzamiento legal así como el apoyo a las víctimas, lo que puede incluir atención médica, asesoramiento y servicios sociales para ayudarlas a recuperarse física y emocionalmente.
En resumen, los derechos humanos son fundamentales e inalienables y deben prevalecer sobre cualquier práctica cultural o tradicional que viole los derechos humanos de las mujeres y niñas, como es el caso de la mutilación genital femenina.