No hay rentabilidad económica sostenible si no hay rentabilidad social, algo que parece no ha tenido en cuenta Ferrovial en la crisis de reputación que ha generado por el cómo anunció, más que por el hecho en sí, su traslado de sede social a Países Bajos, un país en el que, curiosamente, no tiene actividad.
Desde 2005, cuando Gas Natural lanzó una opa hostil sobre Endesa, no se había vivido en España una operación corporativa tan polémica, ni que haya desatado tal terremoto político como el que se ha dado con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a otro país. En el debate, equivocado desde mi punto de vista, se han dado acusaciones de todo tipo y eso no hace más que envenenar el caso y complicar las soluciones.
Que Ferrovial, como cualquier otra compañía, puede decidir libremente dónde fijar su sede dentro del espacio europeo, es algo indiscutible. Lo ampara la normativa europea y más concretamente el Tratado de Maastricht de 1992. Uno de los tratados fundacionales que consagraba la libre circulación de personas, capitales y mercancías en el ámbito de la Unión Europea. Pero eso no implica que sea una decisión bien justificada. En cualquier caso, el cuándo, el cómo y el uso que se hace de esa decisión de traslado es de vital importancia, tanto para la empresa como para el país y para los ciudadanos.
La forma de comunicar esa decisión ha sido errónea y la propia Ferrovial así lo ha venido a reconocer. Aunque, quienes estamos inmersos en el mundo de la comunicación empresarial e institucional, sabemos que el echarle la culpa a la comunicación, cuando algo no va bien, es un recurso muy recurrente y que, en muchos casos, como el que nos ocupa, no evita ni la controversia ni el daño causado, siquiera que sea en el importante ámbito de la reputación de la empresa e institucional de país.
Ferrovial ha manejado poco bien la crisis que ha provocado y que le causará un daño reputacional a ella misma y a nuestro país, al insinuar y publicar como razón, para su deslocalización e instalación en Países Bajos, la falta de seguridad jurídica en España. Luego ha rectificado diciendo que “…en la decisión no hay razones de seguridad porque el marco jurídico español está a la altura de las mejores del mundo”, pero el daño ya está hecho. No es cuestión de leyes regulatorias ni de la ley del mercado, es una deslealtad, comportamiento ético, de responsabilidad social, de falta de compromiso ante la sociedad en la que has nacido, crecido y desarrollado. Activos intangibles de los que, especialmente las empresas constructoras, están tan necesitadas.
La salida de una empresa siempre es una mala noticia, porque es una pérdida para el lugar que se abandona, máxime, cuando se trata de una empresa tan española como lo era Ferrovial. Que los empresarios son actores fundamentales en el desarrollo económico y social de un país no cabe ninguna duda y, por ello, hay que cuidarlos como se merecen. Mas, como en todos los colectivos, los hay muy buenos, buenos, regulares y malos, para su propio negocio, para el país o para la sociedad. No es cuestión de señalar a nadie, no me gusta, pero tampoco es prudente señalar de forma tan negativa al país. Con la decisión de la Dirección, cuya familia posee la tercera fortuna más grande de España y un tercio de Ferrovial, se le ha dado un golpe bajo e inmerecido al país en su reputación como potencia captadora y destino de inversiones económicas, que redundarían en un mejor bienestar de los españoles.
El Gobierno tiene la obligación de velar por la buena reputación de España y defender los intereses de todos los españoles. Pero haría bien no entrando en la confrontación. No se puede insinuar por parte de ninguna empresa que en España falta seguridad jurídica, o que hay una legislación que va contra las empresas, cuando tenemos una presencia altísima de multinacionales ubicadas en nuestro país, porque goza de una de las economías más abiertas de Europa. Más que una decisión mal comunicada, el comunicado que facilitó Ferrovial tenía una cierta carga política y eso es una manera poco elegante de intervenir en política, por parte de una empresa que se lo debe todo a España, donde se ha desarrollado gracias a las adjudicaciones de obras públicas (recordar que en Cataluña fue sospechosa de financiar con el 3% las mordidas de Convergencia Democrática de Cataluña) pagadas con el dinero de todos los españoles.
Por lo que al cuándo se refiere, es inoportuno comunicar tal decisión a dos meses de unas elecciones, porque tiene todas las papeletas para que se instrumentalice. Por parte de la oposición como dinamita para cargar contra el Gobierno, sin importarle demasiado el que la imagen y reputación de España se deterioren. Y, por una parte parte de la izquierda, para traer a colación un lenguaje de otros tiempos, antiempresarial e inoportuno.
En la rectificación, Ferrovial dice que no le mueven al cambio de sede los beneficios fiscales (los expertos calculan que el traslado a Países Bajos le supondrá un ahorro de 40 millones en impuestos) ni personales, sino que es por motivos empresariales, para ganar competitividad y poder cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Son loables tales reflexiones y el plantearse cómo mejorar la competitividad empresarial. Pero, dado el cómo se inició la crisis, habría que ponerlas en cuarentena y, sobre todo, no exagerar sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que Ferrovial ya no tributaba por la facturación que obtenía fuera de nuestro país, en torno al 80%. Aquí seguirá pagando la parte restante. Insiste en que seguirá siendo española, que continuará pagando los impuestos como hasta ahora y que quiere ser la primera empresa española que cotice en Nueva York con acciones ordinarias. A ver, que nos expliquen eso.
Según Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), numerosas empresas españolas y europeas están cotizando en Estados Unidos a través de los ADR, que son certificados que emiten los bancos sobre una parte del capital social de la empresa. Y, están estudiando, si pudiese haber limitaciones al uso del listing (listado) desde España hacia EE UU aunque, hasta ahora, manifiesta que no se había recibido ninguna expresión de interés de una compañía cotizada en España, sin dejar de tener sus valores registrados aquí. Matizando que “Es un error pensar que las compañías eligen su lugar de cotización en función de estos parámetros, porque son idénticos en toda Europa”.
Por otro lado, la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha confirmado que las empresas españolas, interesadas en cotizar en el mercado estadounidense, no necesitan trasladar su sede para hacerlo. Ya hay empresas españolas que cotizan allí, manteniendo su sede en España.
La decisión de Ferrovial de trasladarse es poco menos que irreversible. En Europa, los Estados solo pueden oponerse si pueden demostrar que se trata de un fraude. El caso de Ferrovial pone de manifiesto la necesidad de una mayor armonización fiscal en la Unión Europea y que la unión del mercado de capitales sea una realidad, aunque esto va para largo.
Les dejo con la banda sonora de Carros de Fuego:
https://www.youtube.com/watch?v=8a-HfNE3EIo
Aguadero@acta.es
© Francisco Aguadero Fernández, 10 de marzo de 2023