Pese a constar como terminadas algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente
Un informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil revela que entre 2008 y 2019 trece unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por Ángel Ramón Tejera de León --empresario que aparece en el sumario del caso 'Mediador' como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa-- por valor de más de 3,3 millones de euros, y que pese a constar como terminadas algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".
Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, fue remitido el 24 de enero de 2020 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, donde se investigaban esas presuntas irregularidades en la contratación de obras para cuarteles de la Guardia Civil en multitud de provincias antes de que se inhibiera en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
En él, el coronel jefe Alfonso López Malo concluye que la adjudicación a ese empresario de las obras de las comandancias de Ávila, Castellón, Alicante, La Coruña y Albacete fue posible gracias al teniente general Pedro Vázquez Jarava --hoy en la reserva ya sin ocupar ningún cargo en la cúpula de la Guardia Civil--, que estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo. Apunta que esas adjudicaciones "se vieron precedidas de la descentralización de crédito a favor de esas unidades territoriales" por parte de esa subdirección.
A lo largo de 33 páginas, Asuntos Internos va analizando todas las adjudicaciones --se le dieron hasta 193 obras--, y señala que en el caso de la Comandancia de Ávila consta una declaración judicial del coronel Carlos Alonso Rodríguez en la que asevera que tanto el contrato de 49.976 euros con la empresa Angrasurcor SL por obras en el acuartelamiento de Navarredonda de Gredos como las distintas actuaciones de pintura en 26 cuarteles, todo encomendado a empresas de Ángel Ramón Tejera por importe de 120.000 euros, fueron para ese contratista porque se lo recomendó Vázquez Jarava.
En cuanto a las obras de Castellón, Alicante, La Coruña, Albacete y Badajoz, Asuntos Internos apunta que la contratación de las empresas de Tejera "estuvo precedida --salvo en Badajoz que está pendiente de concretar-- de reasignaciones de crédito a favor de las unidades territoriales afectadas por parte de la Subdirección General de Apoyo".
Indica que son "especialmente significativos los expedientes de gasto tramitados para rehabilitar los cuarteles de Torreblanca y Vall d'Uxió (Castellón) por importes de 59.986 euros y 58.353 euros porque fue la propia subdirección de Vázquez Jarava quien reclamó los trabajos cuando desde la Comandancia de Castellón "no se solicitó esta asignación extraordinaria, no seleccionó este tipo de obras ni los inmuebles a rehabilitar, ni en las prioridades (...) se encontraba la pintura y mejora de esos acuartelamientos".
Por otro lado, Asuntos Internos pone el foco en la relación entre el empresario y el teniente general Vázquez Jarava, y explica que en su declaración ante el juez en octubre de 2019 el empresario manifestó tener relación personal con él y otros mandos de la Guardia Civil. Subrayan que entre octubre de 2015 y enero de 2018 "se produce un incremento exponencial y aparentemente inusual en al adjudicación de obras" en favor de ese contratista coincidiendo con la responsabilidad de Vázquez Jarava al frente de la Subdirección General de Apoyo.
Se da la circunstancia de que el empresario, conocido con el alias de 'Mon' aparece en varias ocasiones en el sumario del caso 'Mediador' como participante en reuniones en las que estaban los cabecillas de la trama, entre ellos el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el que fuera director general de Ganadería del Gobierno canario Tahiset Fuentes.
El informe de Asuntos Internos recoge que todo parte de una denuncia anónima remitida a la Secretaria de Estado de Seguridad en la que se relataban presuntas irregularidades en materia de contratación en la Comandancia de Ávila. Ese escrito fue remitido a Asuntos Internos el 29 de mayo de 2018 --días antes de la moción de censura a Mariano Rajoy-- procedente de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil.
Ya en enero de 2019 se incorpora a las diligencias un informe de diciembre de 2018 del comandante interventor jefe de la Unidad de gestión Económica para Castilla y León relativo a la gestión financiera y patrimonial de la Comandancia de Ávila durante el periodo de 2015 a 2018.
En ese informe, indica Asuntos Internos, ya se recogía que en determinados expedientes de gasto se facturó por trabajos "presuntamente no ejecutados o ejecutados de manera parcial" por las empresas Angrasurcor SL, Solocorcho SL y Canarycork SL --de las que era socio y adminsitrador Tejera de León--, así como por el trabajador Salvador Gutiérrez Espinosa --vinculado también al empresario--.
Esas empresas, señala Asuntos Internos, estaban dedicadas a la impremeabilización de cubiertas, al revestimiento de suelos y paredes, y a la urbanización y parcelación de terrenos propios y ajenos.
Tras exponer esas conclusiones, Asuntos Internos proponía ya en 2020 una serie de diligencias entre las que incluía la declaración en calidad de investigado de Pedro Vázquez Jarava por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación.
También pedía que se designaran a técnicos arquitectos para que comprobaran el material utilizado en las obras reseñadas, a las que sumaba la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. E interesaba que se elaboraran informes al respecto.
Por último, pedía la testifical de los responsables de los acuartelamientos donde debían ejecutarse los trabajos facturados, los jefes de las comandancias y de aquellas personas cuyo testimonio pudiera ser relevante .
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid sobre esas presuntas irregularidades lleva al menos ocho meses paralizada a la espera de que se aporte al procedimiento un informe pericial.