Tan solo en 2021 hubo 78 masacres que se llevaron la vida de 292 personas y provocaron el desplazamiento de otras 72.000; los derechos de estas personas se están violando de forma continua e indiscriminada.
Andrea Pinto Sánchez
Defensora de los Derechos Humanos
No decimos nada nuevo cuando hablamos de las continuas masacres que llevan sucediendo desde hace años en Colombia, masacres que se llevan la vida de cientos de personas cada año, sin discriminación alguna de edad y con un mayor riesgo para aquellas personas que se atreven a defender los derechos humanos como activistas o líderes comunitarios que abogan por el fin del conflicto y un cambio en Colombia (caso reciente de la familia Daza; excombatientes de las FARC le asesinaron a él y a toda su familia, incluida su nieta pequeña, porque lo consideraban una amenaza para el control de la región). Estas masacres están ocasionadas por la continua lucha de poder entre los grupos armados y la fuerza pública; en este conflicto las desapariciones, asesinatos y violencia sexual llevan atormentando hace ya demasiados años a las comunidades colombianas. Las comunidades más afectadas por esta desmedida violencia están en las regiones de Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca.
Tan solo en 2021 hubo 78 masacres que se llevaron la vida de 292 personas y provocaron el desplazamiento de otras 72.000; los derechos de estas personas se están violando de forma continua e indiscriminada. Hay que tener en cuenta que no solo los grupos armados ilegales son los responsables de dichas atrocidades, pues la fuerza pública (ejército y policía nacional) lleva a cabo ataques letales y privaciones arbitrarias de la libertad, que en muchos casos ocasionan la muerte de sus detenidos por un uso excesivo de la fuerza. Entonces si el Estado también es parte de esas masacres ¿quién está protegiendo y defendiendo a los ciudadanos colombianos?
En 2016 pareció haber un rayo de luz en los 50 años de conflicto armado: la guerrilla FARC y el gobierno quisieron terminar con el conflicto mediante la implantación de un Acuerdo de Paz, pero esta ilusión duró poco tiempo, puesto que en enero de 2021 hubo 12 nuevos ataques que se llevaron la vida de 45 personas. En esta situación las víctimas propiciatorias son especialmente los defensores de los derechos humanos y de las comunidades campesinas expoliadas y dispersadas por la guerra (con lo que yo supongo que tratan de acallar las denuncias e impedir el retorno de la normalidad democrática).
Esta violencia ocurre, sobre todo, en los territorios controlados por los restos de las guerrillas (por ejemplo disidentes de las FARC disconformes con los acuerdos de pacificación), donde compiten con otras bandas por dominar las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal. En estos territorios el gobierno apenas tiene apoyos para implantar el acuerdo de paz (aunque habría que plantearse si realmente quieren que todo esto se acabe, pues son los responsables de los “falsos positivos”, entre otros graves atropellos).
Se ha registrado un aumento de las matanzas justo en vísperas de las nuevas elecciones (tal y como ocurrió antes de la firma del Acuerdo de Paz): desde enero hasta abril de 2022, se han registrado 33 masacres que implican 122 víctimas. El anterior gobierno de Iván Duque se caracterizó por ignorar el enorme problema que afecta a todos sus ciudadanos, él negó que se trataran de masacres provocadas por el conflicto y explicó que eran homicidios colectivos, es decir, quiso aminorar el problema para poder, de paso, paralizar la aplicación del Acuerdo de Paz.
En las elecciones que han tenido lugar este 2022, Gustavo Petro ha salido elegido como nuevo presidente de Colombia, la primera vez en la historia colombiana en la que triunfa un partido de izquierdas. Por el momento ha conseguido una carta firmada por la mayoría de los congresistas del Partido Conservador, en la que afirmaban que le van a apoyar en aquello que sea fundamental para lograr la paz y un cambio en el país. Lo que está intentando es reunir a los extremos políticos con el objetivo de, dicho textualmente, “superar la desigualdad, la violencia, la corrupción y la polarización”.
Parece que tienen una multitud de ideas y proyectos que quieren llevar a cabo para terminar de una vez por todas y de manera definitiva con las masacres y la guerra que lleva activa desde los años 60. Amnistía Internacional está a favor de cualquier cambio que sea ventajoso para los derechos humanos; a favor de que por fin termine la desigualdad social, el hambre y que las necesidades más básicas (sanidad, acceso al agua, etc.) queden cubiertas, ya que con la interminable guerra y la situación generada por el COVID-19 parece que dichos derechos hayan quedado prácticamente desaparecidos.
A título personal me gustaría hacer un apunte, no podemos olvidar que son políticos recién elegidos y que, como todos, dicen en un principio “buscar lo mejor para su país”; habrá que esperar a ver si en los próximos meses realmente toman medidas efectivas para erradicar la continua violación de derechos humanos o por el contrario prefieren realmente mirar para otro lado, pues cualquier medida eficaz conlleva críticas negativas en un país tan martirizado y dividido como Colombia. Parece, que de momento, están dando pasos en las direcciones correctas.