Francia, que durante mucho tiempo se ha presentado como defensora de los derechos humanos, fue objeto, como todos los demás países, de una sección en el informe anual de Amnistía Internacional. Allí puede leerse que en el país vecino se han violado las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a vivir en un medioambiente saludable y los derechos de las minorías.
Mathilde Liberal
Defensora de los Derechos Humanos
Las amenazas a la libertad de expresión son la primera violación de los derechos humanos denunciada por el informe de Amnistía Internacional. De hecho, en este sentido, las leyes de “seguridad global” y “refuerzo de los valores republicanos” han suscitado la preocupación de los defensores de los derechos humanos en relación con la vigilancia masiva. La ley “seguridad global”, adoptada por el Parlamento en abril de 2021, restringía el derecho a difundir imágenes que identificaran a agentes de policía. La ley para “reforzar los principios republicanos”, adoptada por el Parlamento en julio 2021, penaliza la publicación de información sobre la vida privada o profesional de cualquier persona, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si podía dar lugar a amenazas directas contra ella o sus familiares.
Como denuncia Amnistía Internacional en su informe, la policía ha hecho un uso desproporcionado de los medios y la fuerza durante las manifestaciones y con anterioridad, violando los derechos humanos. La grabación de vídeos que luego se publican en las redes sociales fue el medio utilizado por la gente para denunciar la violencia policial. Precisamente las leyes sobre “seguridad global” y para “reforzar los principios republicanos” surgieron tras el aumento de la difusión de imágenes de denuncia de la violencia policial, vinculadas al movimiento de los Chalecos Amarillos, así como al movimiento Black Lives Matter, que se desarrolló en Francia tras la denuncia de la responsabilidad policial en la muerte de Adama Traoré. En una época en la que la información también la crean los individuos, este tipo de medidas tienen el poder de cuestionar considerablemente la libertad de expresión y la libertad de denuncia que posee cada individuo.
Muy vinculada a estas leyes, la libertad de reunión también ha sido cuestionada. Amnistía Internacional denuncia el empleo de disposiciones penales imprecisas y amplias para arrestar y enjuiciar a personas que se manifestaban pacíficamente, y la utilización de armas peligrosas en el mantenimiento del orden. Un ejemplo de violencia policial que afecta la libertad de reunión es la intervención violenta de la policía en un festival de música en Redon, cuando varias personas sufrieron graves lesiones, incluida la pérdida de una mano en el caso de un hombre, de modo que, afirma Amnistía Internacional, la intervención “constituyó una vulneración tanto de la legislación nacional como del derecho internacional, que establecen que el uso de la fuerza ha de ser el mínimo necesario y proporcionado”.
Fuertemente ligada a las dos libertades mencionadas, la libertad de asociación también se puso en peligro durante 2021. En efecto, la ley sobre “principios republicanos” introdujo motivos para la disolución de organizaciones, entre los que figuraba, por ejemplo, “la incitación a la discriminación o a la violencia por cualquier miembro de una organización cuyos dirigentes no hubieran impedido dicha incitación”. Además, la ley introducía el requisito de que las organizaciones que solicitaran subvenciones públicas firmaran un “contrato republicano”, por el que deben, en particular, respetar y manifestar un compromiso con “los principios de libertad, igualdad, fraternidad y respeto de la dignidad humana”. En consecuencia, el gobierno puede disolver una organización por motivos imprecisos y sin necesidad de escrutinio judicial previo, violando gravemente el derecho de todos a la libertad de asociación, y afirmando el control de las autoridades políticas sobre las organizaciones consideradas aceptables en la sociedad.
Por otro lado, con el ejemplo de Adaman Traoré, la policía francesa ha demostrado el uso de criterios raciales y discriminación sistémica, y el gobierno no adopta medidas para impedirlo. Además, la ley sobre los “principios republicanos” y su proposición de proteger la neutralidad y el “secularismo” refuerza la prohibición de manifestar la religión o las creencias en público. Durante los debates sobre esta legislación, algunas autoridades expresaron puntos de vista estereotipados y prejuicios contra las personas musulmanas. Estas dos denuncias demuestran que las minorías raciales, étnicas y religiosas se enfrentan a una importante discriminación en Francia, incluida la perpetrada por las propias autoridades. Esta persecución de ciertas minorías, y en particular de las personas de piel negra o de fe musulmana, debe cesar inmediatamente, ya que constituye una grave violación de los derechos humanos y especialmente del Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”.
El informe de Amnistía Internacional denuncia también las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades francesas a través de su política exterior y, más concretamente, de su comercio de armas. En efecto, Francia transfiere armas a países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, donde existe un riesgo considerable de que se empleen para cometer violaciones graves del derecho internacional y de los derechos humanos. Además, la invasión rusa de Ucrania ha suscitado nuevas preocupaciones entre los defensores de los derechos humanos, especialmente con la revelación de la venta de armas francesas a Rusia hasta 2020.
En otro orden de cosas, el informe de Amnistía pone de manifiesto una actuación deficiente contra la crisis climática a pesar de que Francia acogió los acuerdos climáticos de 2015, conocidos como el “Acuerdo de París”; la inacción de los políticos franceses en materia de medio ambiente y cambio climático es una violación del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible que ha sido reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En efecto, el informe de Amnistía Internacional ilustra que un tribunal administrativo ha sentenciado por primera vez que la inacción de las autoridades frente al cambio climático es ilegal.
Por último, el informe denuncia la discriminación que sufren las personas transexuales, pero no introduce la falta de acción gubernamental sobre la violencia contra las mujeres y contra las personas de la comunidad LGBTQ.
Aunque el presidente Emmanuel Macron prometió hacer de su quinquenio “el quinquenio de las mujeres”, se han adoptado muy pocas medidas para combatir la violencia de género y promover la igualdad de género. En 2020 y en 2021, 102 y 113 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que oculta los demás feminicidios (asesinatos de mujeres por el hecho de serlo) porque en las estadísticas francesas no se consideran como tales. Y por otro lado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en puestos iguales se mantiene en torno al 15% y no ha disminuido. Estos son solamente dos ejemplos entre otros muchos de discriminación de la mujer, que visibilizan la amplitud del fenómeno de la violación de los derechos de la mujer en Francia.