Se observa en medios y declaraciones de representantes políticos locales curiosas formas de afrontar los desplantes recibidos por nuestra provincia. Si Renfe, una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, resuelve (sorprendentemente) recortar servicios en la provincia de Salamanca resulta que es el gobierno central quien lo hace. El recorte de autobuses intra-interprovinciales parece preocupar menos. O si quien nos relega es la Asociación de Academias de la Lengua Española, creada en 1951, junto a la Real Academia Española, nacida en 1713 y con personalidad jurídica propia, también el gobierno central es culpable.
En cambio si un Centro Sanitario público u hospital de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, o Sacyl, lesiona intereses salmantinos, es culpa de un ente abstracto. Caso reciente del vallisoletano Hospital Clínico, notificado por la Junta de Castilla y León. El ente abstracto, indeterminado y tenebroso, es Valladolid, nuestro eje del mal. De los 7 presidentes de esa Junta, más 2 del período preautonómico, solo 1 nació en Valladolid y la dirigió 8 meses y 9 días. Hemos sufrido la última afrenta pucelana delante de las narices del salmantino presidente desde el 9 de julio de 2019, ¿para qué sirve el presidente?
Ampliación del enemigo Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
No pretendo con eso santificar la política territorial del gobierno central, por muy progresista que sea, pero la alarmante situación de la provincia de Salamanca, y del Oeste de la región, tiene más culpables que quienes gobiernan España desde el 1 de junio de 2018, coalición progresista desde el 12 de enero de 2020. Incluso un presidente de la Junta, tras iniciar la era Popular en Castilla y León el 27 de julio de 1987, dirigió al gobierno español 8 años. Todo tras las correspondientes decisiones libres de toda la ciudadanía española mayor de 18 años.
Huelga decir, una vez más, que los gravísimos problemas de despoblación, y el consecuente envejecimiento, es resultado de un secular abandono con muchos culpables. Después de tantos años la gestión regional del Partido Popular no se evidencia la más propicia, pese a la obcecación de sus votantes. Y decisiones gubernamentales tipo subasta de instituciones, sin dudar de su buena intención, tampoco parece el camino. Menos el recorte de servicios públicos practicados por ambos gobiernos en sus responsabilidades. Y, a la vista de los resultados electorales, añadir una comunidad autónoma más tampoco se siente la solución.
Si se bajan impuestos la lógica apunta a recaudar menos e invertir en correspondencia, por mucho experimento servilletero neoliberal, y si se concentra todo en unos pocos lugares, como Madrid (Valladolid en mucha menor medida) indudablemente se quita de otro sitio. También reequilibrar significa perder algo aquellos que más tienen, a pesar de sus muchas voces. Nos acercamos a un punto de no retorno tras la desidia de demasiadas décadas, pero a lo mejor el nuevo año trae alguna ocasión para cambiar, ¿la aprovecharemos o seguiremos inmutables?. Hablar de Pactos de Estado sería… ¿ciencia ficción?