La clarificación, transparencia e información clara y completa (luz y taquígrafos) de la estructura burocrática, administrativa y funcionarial de todas y cada una de las administraciones, desde los organismos europeos hasta el más pequeño ayuntamiento, pasando por todo tipo de entidades, organismos y organizaciones relacionados con los presupuestos públicos, con el detalle de los mecanismos de provisión de puestos, nombramientos, emolumentos reales, baremos, dependencias jerárquicas o justificación razonada de la utilidad real de cada puesto, es una asignatura democrática pendiente en todos los países llamados democráticos, cuyo funcionamiento institucional y ejercicio de los derechos de ciudadanía, se ven gravemente alterados, obstaculizados y pervertidos por el rechazo permanente a la transparencia intramuros de esa misma burocracia.
No se lea en estas líneas rechazo alguno al parlamentarismo ni crítica de la representación democrática, pero sí lamento de que, por ejemplo, la idea representativa supranacional europea, convertida hoy en mercado económico-comercial sin atisbo de sensibilidad social, se haya degradado en foro de lobbies manipuladores y zoco de intereses económicos y enjuagues políticos, cada día más alejados de los intereses generales. Y, también, crisol de corrupción como todas y cada una de las administraciones públicas de cualquier nivel en cualquier país.
El escándalo, más aparente que real (tan habituados estamos a la podredumbre), causado por la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la eurodiputada griega Eva Kaili, acusada de corrupción, blanqueo de capitales y otros graves delitos, además de poner de manifiesto las carencias morales (y de mecanismos de control) de las instituciones públicas de cualquier nivel, entronca directamente con otra forma de corrupción mucho más asentada y antigua, legal (sí, legal), menos “escandalosa” y lamentablemente aceptada, cual es la utilización espuria, adulterada, mafiosa y caciquil de la burocracia institucional, del mercadeo de los puestos de trabajo públicos, del chalaneo en las adjudicaciones, los repartos, las abstrusas y contínuas alteraciones organizativas, la creación a medida de estructuras y poltronas, la endogamia, el amiguismo y el nepotismo extendido en cualquier administración pública, que hacen del capítulo presupuestario de retribuciones una auténtica lonja de subasta.
Que la diputada detenida, destituida y acusada figurase como titular de una de las ¡catorce! vicepresidencias con que cuenta el citado parlamento continental, informa ya que el reparto y distribución de los puestos vicepresidenciales europeos no tiene el valor ejecutivo de representación formal, sino que tan desmesurada cantidad de vicepresidencias se debe a repartos políticos, equilibrios de pasillo, compensaciones mercantiles o comerciales y otros (en este “otros” se esconde el diablo del nepotismo y la voraz rata de la corrupción), y que la ostentación de ese cargo (su exhibición), conlleva los suplementos, complementos económicos, prerrogativas y ventajas aumentadas sobre las que ya disfrutan los parlamentarios europeos.
Los parlamentarios europeos, con sus ¡catorce! vicepresident@s y sus más de setecientos parlamentarios, en su mayoría expolíticos apartados en sus países, arrinconados o escondidos en los escaños de Bruselas, han dado sobradas muestras de elitismo y desdén, al dejar los escaños vacíos en multitud de ocasiones, sobre todo cuando se discutían o deberían haberse discutido allí, si esos mismos parlamentarios hubiesen propiciado los quorums adecuados, los derechos de inmigración, la crisis alimentaria, la igualdad, la lucha contra la pobreza o la misma solidaridad humana frente al cambio climático; los mismos que se negaron, por amplísima mayoría, a renunciar a las primeras clases, el trato VIP en sus viajes y alguna estrella en sus hoteles, además de crear constantemente en los oscuros pasadizos de la burocracia europarlamentaria, infinidad de nuevos puestos intermedios, diferentes asistentes personales y servicios exclusivos, multitud de coordinaciones retribuidas, jefaturas diminutas y no tanto, eventos de pura fachada trufados de banquetes y jefes, jefecillos y vicecualquiercosa, tan estruendosamente silenciado todo, que hay que acudir al organigrama del citado Parlamento Europeo para darse cuenta de la dimensión de codicioso monstruo del despilfarro.
Descendiendo de nivel burocrático hasta las administraciones españolas (Larra volvería a matarse si leyera algo como, solo como ejemplo y en absoluto una excepción, “lo” de la Oficina del Español madrileña, creada a puro capricho y ocupada a puro dedazo para esquilmar, sin utilidad alguna, un poco más el presupuesto público), puede constatarse con solo una mirada a los boletines oficiales –guarida y coartada del nepotismo-, los cambios constantes en las relaciones de puestos de trabajo de ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios u organismos públicos autónomos o no de todo tipo, como (sobre todo) una mirada a los “árboles genealógicos” y sagas familiares en la ocupación de puestos de especial retribución y libre designación (delegaciones, subdelegaciones, vicedelegaciones, direcciones, subdirecciones, jefaturas, subjefaturas, coordinaciones, vicecoordinaciones, negociados, subnegociados, secciones, unidades, subunidades...), que son utilizados como elementos de adhesión y extensión de poder, como mecanismos de reparto o agradecimiento, graciosas adjudicaciones sin pizca de gracia plagadas de nepotismo, amiguismo y una endogamia caciquil narcisista que trasciende e infecta la calidad del trabajo –de existir- y pudre la confianza en la administración pública.
En la narración (todavía inicial y esquemática) de la punta del iceberg de la corrupción en el Parlamento Europeo (que salpica a la Comisión Europea y a la Unión Europea, a los grupos políticos y a todos los gobiernos de los países miembros), pueden apreciarse las relaciones de algunos detenidos con los principales acusados, familiaridad, amiguismo, parentesco y endogamia, que con hiriente y jactante arrogancia se dan también en los organismos administrativos españoles, más descarados cuanto menor nivel administrativo, y más aceptados por cuanto, como las pandemias, cada vez son menos los ciudadanos que están al margen de algún caso por parentesco, cercanía, interés o mera vecindad.