Insisten en que la falta de atención sanitaria repercute no solo en la salud de los internos, también en la seguridad de las prisiones
El déficit de médicos en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se sitúa en 321 de los 525 que figuran en la relación de puestos de trabajo, lo que supone el 61,14% del total. En la cárcel salmantina de Topas, el déficit es de 7 médicos de los 9 que constan en la RPT, es decir supera el 75%, tal y como denuncia en sindicato de prisiones ACAIP-UGT.
Con motivo del Día Internacional del Médico, que se celebra este sábado 3 de diciembre, el sindicato recuerda que la importante labor de los sanitarios se ve muy dificultada debido a la falta de facultativos, por lo que la atención se resiente. "Hecho cada día más evidente en los en los centros penitenciarios en los que el déficit de médicos supera el 60%", afirma. Una tendencia al alza en los últimos años y que se verá incrementada, ya que, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se ponen las medidas adecuadas, y además alude a la elevada edad media de los médicos penitenciarios, muchos de los cuales se encuentran cercanos a la edad de jubilación.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. 19 años después tan solo Navarra las ha asumido junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco.
Los centros penitenciarios "no pueden seguir asumiendo el problema institucional creado, ya que repercute en la salud de los internos y en la seguridad de las prisiones", denuncia el sindicato.
La carencia de médicos puede suponer un riesgo que no soluciona la telemedicina. En un entorno en el que más del 30% de los internos tienen medicación psiquiátrica y un alto porcentaje tiene patologías diversas como hepatitis, VIH, diabetes y un largo etcétera, "no se puede dejar caer el sistema". Un centro penitenciario puede albergar una población flotante de más de 1.000 internos que "no podemos equiparar con una población del mismo número de habitantes por las singularidades de los pacientes y las necesidades médicos-legales de la especial relación de sujeción con la administración", destaca.
Desde ACAIP-UGT "entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria".