Más de 18.000 euros en sanciones para las empresas que han incumplido con el registro obligatorio de la jornada laboral de los trabajadores desde 2019 y hasta septiembre de 2022
Salamanca registra 16 sanciones a empresas por incumplir la obligación del registro de la jornada laboral desde su entrada en vigor, en mayo de 2019, y hasta el mes de septiembre de 2022. Una cifra que constata que las empresas salmantinas cumplen de manera mayoritaria.
En 2019 fueron 8 las sanciones interpuestas por incumplimientos de las empresas en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias, mientras que en 2021 fueron 7 y en lo que va de 2022 tan solo 1. Sanciones que se traducen en un importe total de 18.760 euros.
Así lo reflejan los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, con fecha de este mes de septiembre, en la respuesta escrita a una pregunta regsitrada en el Senado sobre las sanciones que ha se han impuesto desde que comenzó el control horario en empresas. Los datos se refieren al número de infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimientos de dicha obligación de registro que dieron lugar al oportuno procedimiento sancionador, así como al importe de las sanciones propuestas, aunque no se aporta en este caso el dato de cuántas inspecciones se han realizado al respecto.
Las sanciones a empresas por incumplimientos en el registro de la jornada laboral de los trabajadores que en Castilla y León ascienden a 95 desde su entrada en vigor. Salamanca, no obstante, es una de las provincias que contabiliza más sanciones, junto a León (16) y Burgos (28). Le siguen Segovia, con 15 sanciones por incumplir con el registro de la jornada laboral; Valladolid, con 8; Soria, con 6; Zamora, con 5 sancoines; y Ávila, con 1 sanción desde su entrada en vigor. Palencia, por su parte, es la única provincia de Castilla y León en la que no se ha registrado ninguna sanción al respecto.
En cuanto al importe de las sanciones propuestas, es la provincia de León la que arroja la cuantía más alta (23.733 euros), seguida de Salmanca y de Burgos (18.402 euros).
El Real Decreto Ley, aprobado por el Gobierno, y tras un periodo de transitoriedad, entró en vigor el 12 de mayo de 2019. La obligatoriedad contempla la implantación de un sistema de control horario de la jornada para la totalidad de la plantilla de trabajadores. El objetivo de establecer este registro es garantizar el cumplimiento de la jornada laboral pactada, así como controlar las horas extras no pagadas o que sean objeto de fraude.
A nivel nacional, el número de sanciones asciende a 1.274, hasta el mes de septiembre de este año, y el importe de las sanciones supera los 1,5 millones de euros (1.530.297 euros).