El proyecto de Ley se remite ahora a las Cortes para su debate y aprobación
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en la Comunidad de Castilla y León que permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3 por ciento, lo que, como ha defendido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, colocará a Castilla y León como la segunda Comunidad con el tipo mínimo más bajo de este impuesto tras Madrid con el objetivo de "dinamizar la economía".
Fernández Carriedo ha señalado que el proyecto de Ley se remite ahora a las Cortes para su debate y aprobación y en el mismo se incluye además medidas fiscales de apoyo a la natalidad, al emprendimiento y a la actividad agraria en el medio rural; bonificaciones en la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, la supresión del Impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos o la bonificación del cien por cien de la tasa general de por licencias de caza y pesca.
Como ha defendido el portavoz de la Junta este proyecto de Ley da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el arranque de la presente legislatura y, con su puesta en marcha, se pretende "dinamizar la actividad económica, la inversión y el consumo, así como facilitar la creación de empleo e impulsar la recuperación económica" y se concibe como una iniciativa de respuesta ante el agravamiento de la situación económica.
En concreto, el proyecto permitirá disminuir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a todos los contribuyentes castellanos y leoneses, rebajando ya en 2022 la tarifa autonómica en el tramo más bajo. De esta manera se reduce medio punto el primer tramo de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del IRPF, pasando del 9,5 por ciento al 9 por ciento, lo que supone una rebaja del 5,3 por ciento.
Como ha defendido Fernández Carriedo, esta reducción fiscal supondrá un "aumento" de la renta disponible de familias y autónomos, que podrán destinar al consumo y la inversión, al tiempo que supondrá un "alivio" ante la subida de los precios.