Este jueves 25 el Congreso de los Diputados convalidó varios Decretos aprobados por el Gobierno: el de ahorro energético, de ayudas al transporte y el de becas de estudio y la aprobación definitiva de varias leyes, entre las que está la más importante, la de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”. Han sido aprobadas con el apoyo de los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y con el voto en contra de la derecha, que cada día es más cavernaria, reaccionaria, ultramontana y cerril. En una situación de grave crisis energética debido a la guerra de Ucrania, el PP se ha situado fuera del sistema y en contra de los intereses de los ciudadanos, dado que no apoya las medidas de ahorro energético impulsadas por el Ejecutivo, tan necesarias para hacer frente a la alta inflación que sufre nuestra economía, como las del resto de países europeos y que también están adoptando medidas similares, de acuerdo con los criterios marcados por la Unión Europea.
Y el PP se queda fuera del sistema con argumentos tan inconsistentes como acosar al ejecutivo de adoptar medidas “improvisadas y frívolas”; una acusación que sólo tiene un objetivo: trasladar a la opinión pública, de forma perversa y malintencionada, que la izquierda política es “infantil y soñadora” y que no es capaz de gestionar los intereses de los ciudadanos. Por eso acusan al gobierno de ser el “más ineficaz de Europa”, como lo hicieron ayer en el Congreso de los Diputados. Si algo ha hecho este gobierno de coalición en los 3 años de legislatura es conectar con los intereses de la sociedad, articular que el ordenamiento jurídico ampare las necesidades sociales, caminar al lado de los ciudadanos y no al margen o satisfaciendo los intereses gregarios de unas élites determinadas, como hace la derecha política española. Una derecha que nunca hubiera apoyado una reforma laboral como la aprobada hace unos meses; una derecha que nunca hubiera aprobado leyes sociales tan importantes como las del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto consentido, la integral de violencia de género, la despenalización de la eutanasia o –a pesar de que han emprendido reformas penales para endurecer las penas y proteger a las víctimas, según ellos (para mí pura hipocresía que intenta captar al electorado de la forma más carroñera posible)- la aprobada este jueves de Garantías de la Libertad Sexual. Es más, algunas de ellas las recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
Respecto a esta última norma, la conocida como la del “solo sí es sí”, recordemos que es una exigencia de la normativa internacional para adaptar nuestro sistema jurídico al conocido como Convenio de Estambul, de 2011, “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, situando el consentimiento de la mujer en el centro nuclear de conductas como las que atentan contra la libertad sexual. Sabemos que en este aspecto, los sectores más conservadores han sido siempre más partidarios de que el bien jurídico que se proteja no sea el de la “libertad e indemnidad sexuales”, como contempla el vigente Código Penal, sino el de la “honestidad”, que protegía el viejo Código Penal franquista. Y sabemos claramente cuáles son las consecuencias penales si el bien jurídico que se protege en la conducta delictiva es uno u otro. Cuando era la honestidad -aparte de considerar que sólo se podía violar a una mujer y no a un hombre-, si la mujer ya no era honesta (prostituta, por ejemplo o “mujer fácil”, según la moral tradicional machista), por mucha violencia o intimidación que utilizare el sujeto activo de la conducta, no se consideraba delito; lo mismo que cuando esta conducta se realizaba en el matrimonio: no existía ni violación, ni abuso, ni nada. En la nueva ley (que ya tendré la oportunidad de analizarla desde el punto de vista jurídico penal en otro momento), con independencia de que termine con la diferenciación entre agresiones sexuales y abusos sexuales, debido a que las conductas delictivas pivotarán exclusivamente sobre el consentimiento de la víctima, se corrigen algunas situaciones claramente injustas que el Código Penal prevé actualmente en relación a que la denominada “sumisión química” -conducta con la que se anula totalmente la voluntad del sujeto pasivo- y que es considerada actualmente un abuso sexual y no una agresión sexual. Es decir que cuando el sujeto activo, con el fin de tener una relación sexual con acceso carnal con el sujeto pasivo “anulara la voluntad de este mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto” se considere abuso sexual y no violación, es tremendamente injusto y humillante para la víctima. ¿Está el PP de acuerdo en que estas conductas de “sumisión química” sigan siendo un mero abuso sexual y no una agresión sexual con penetración, mejor conocido como violación, a pesar de haber anulado totalmente la voluntad de la víctima y su libertad de decisión para emitir el consentimiento?
La estrategia política de Feijóo al frente del PP es, a mi modo de ver, errática y pone de manifiesto que la derecha carece de alternativas serias y sensatas. ¿Cuáles son las propuestas del PP ante los conflictos sociales que actualmente nos atenazan, no sólo en España sino ante la aldea global en la que vivimos? Centrar la crítica política en que “la izquierda no sirve para gestionar”, o que se gobierna pactando con “la anti España” o el “bloque plurinacional”, en tono peyorativo y de absoluto desprecio, con odio, resentimiento y soberbia, no es suficiente y evidencia las graves contradicciones internas de la derecha política española, traicionándole también el subconsciente. Cuando Feijóo ataca a ese “bloque plurinacional” en el fondo a quién está censurando, despreciando y vilipendiando es a aquélla España, la defensora de los ideales democráticos de la II República que fue pisoteada por la razón de la fuerza de la vieja España “muerta, hueca y carcomida”, de la que hablaba Ortega, aquélla España caciquil y sombría que Franco y los golpistas llevaron por montera y que impusieron con el Golpe de Estado y la Guerra Civil. Que se tache a los herederos de aquélla “España nueva, afanosa, aspirante, que tiende hacia la vida”, de la que hablaba Ortega, a los herederos de la Institución Libre de Enseñanza -la corriente pedagógica más importante que ha habido en España y que construyó miles de escuelas públicas en el periodo republicano-, a los herederos del compromiso social de políticos como Fernando de los Ríos o Azaña, de poetas como Machado, Miguel Hernández, Lorca, León Felipe o Cernuda, de los herederos de los ideólogos comprometidos con los principios y valores de un Estado Social y Democrático de Derecho plasmados en la Constitución Republicana de 1931, que se acuse a estos herederos de la mejor tradición política que ha tenido nuestro país de ser la “anti España” y de ser incapaces de gestionar los intereses de los ciudadanos, es posicionarse claramente dentro de los postulados, ideología e idiosincrasia de la “vieja España”, de aquélla que, con Franco y sus compinches, impusieron su dominio durante la última dictadura. Al señor Feijóo le traiciona gravemente su subconsciente. O quizá no, probablemente los argumentos de Feijóo estén dando bandazos porque su criterio está en función de las exigencias de quién verdaderamente controla el PP, el señor Miguel Ángel Rodríguez (MAR) asesor de la presidenta Ayuso, el que percibe 93.000 euros de salario anual –superior al del presidente del gobierno- y lleva gastados, con dinero público aparte de su salario, más de 9.000 euros en comidas en los últimos meses. Alguna de esas comidas del señor MAR ha costado al erario público madrileño más de 300 euros, el presupuesto que tienen muchas familias con hijos para abordar todos los gastos de todo un mes y que el señor MAR se ha gastado en una sola comida. ¡Viva la libertad y las cañitas madrileñas!