Las restricciones exigidas por la Covid-19 perjudicaron peligrosamente a la economía de la región, y las medidas impuestas por los gobiernos debilitan el abanico de derechos, tanto económicos como sociales y culturales de las personas en posiciones más precarias.
Autor: Víctor Hugo Acevedo León. Defensor de los derechos humanos.
En el 2020 la región de las Américas se presentó como la de mayores desigualdades del mundo, que se incrementaron con la pandemia en las comunidades marginadas, de modo que aumentó el nivel de pobreza de dichos lugares. La intervención de los gobiernos no ha producido mejoras, provocando resultados catastróficos que afectan a los derechos humanos de muchos colectivos.
Las restricciones exigidas por la Covid-19 perjudicaron peligrosamente a la economía de la región, y las medidas impuestas por los gobiernos debilitan el abanico de derechos, tanto económicos como sociales y culturales de las personas en posiciones más precarias.
El territorio donde se asienta tan solo el 13% de la población de todo el mundo, padeció el 49% de las muertes por esta enfermedad a nivel global.
Las medidas tomadas por el confinamiento elevaron considerablemente, igual que en otros puntos del planeta, la violencia contra las mujeres, violencia de género, intrafamiliar y homicidios. En la mayoría de casos conocidos los protocolos de intervención para prevenir estas conductas delictivas fueron impropios de unas situaciones de tal envergadura.
La libertad de expresión se vio desafiada en, por lo menos, doce países de la región en cuestión. Se llegó a negar, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ilegal e injustamente, el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, y se comunicaron casos de utilización ilegítima del uso de la fuerza, respaldados gubernamentalmente, en más de doce países, generando impunidad estatal. Además, se dificultó el acceso a la justicia a personas que, por su condición social, ya se le presenta complicado en estos países.
También se ha pretendido camuflar las detenciones arbitrarias justificándolas con las medidas ejecutadas a raíz de la pandemia de la COVID 19.
En relación a los derechos económicos, sociales y culturales, en octubre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEOAL) predijo que la riqueza de la región padecería una disminución del 9,1%, y que el 37,3% de las personas se encontraría en situación de pobreza al terminar el año, siendo esta la peor cifra desde 2006.
En lo que se refiere al derecho a la salud, durante este último año, las repercusiones de la pandemia han provocado consecuencias ruinosas en muchos países en los que el acceso a la atención médica era limitado y desigual. Los países más sacudidos por esta causa han sido Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Perú.
Si hablamos del personal sanitario, tampoco se diferencia mucho su gestión de lo mencionado con anterioridad, con una gestión gubernamental carente de diligencia a lo que hay que añadir las 8.000 personas del personal sanitario que murieron a consecuencia de COVID 19, siendo esta región en la que más contagiados de dicha enfermedad se produjeron a nivel mundial a causa de la insuficiencia de suministros de EPI y las condiciones de trabajo.
Los derechos de los pueblos indígenas sufrieron una restricción más severa por esta circunstancia dadas sus necesidades de acceso a agua potable, saneamiento, servicios de salud y prestaciones sociales; además no se permitió iniciar proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras, que necesitaban.
En estos países se encuentran personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, sobre todo procedentes de Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, que tienen que escapar de la pobreza, violencia y desigualdad, y han visto vulnerados sus derechos humanos. Los controles fronterizos, que son uno de los obstáculos que les impide el desplazamiento, han aumentado durante la pandemia y se les ha devuelto a sus países sin realizar un estudio adecuado de sus solicitudes de asilo. Por ejemplo, “las autoridades estadounidenses paralizaron todos los trámites de solicitud de asilo en la frontera con México y, entre marzo y septiembre, detuvieron y expulsaron ilegítimamente a cerca de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo (incluidos aproximadamente 13.000 menores de edad no acompañados)”.