Cuando una empresa, o un hogar, pueden detraer parte de sus ingresos y guardarlo para un posible uso futuro, están constituyendo un ahorro. Esto que parece tan sencillo, que muchos hemos vivido junto a nuestros antepasados, hoy no es tan fácil. A la par que aumentó nuestro nivel de vida, mayores fueron nuestras necesidades. La sociedad prospera, el valor facial de la moneda aumenta de forma exponencial, lo mismo que los precios, pero, a fin de cuentas, siempre hubo ciudadanos que llegaban “sobrados” a final de mes, mientras otros lo conseguían con no pocos con sacrificios, o simplemente no llegaban.
A principios del siglo XIX, una Real Orden encargaba a los gobernadores civiles que alentaran la creación en su provincia de una caja de ahorros vinculada a un monte de piedad, para conseguir la unión de una empresa de crédito y ahorro con una entidad de beneficencia y caridad. La usura de particulares y la lógica inclinación de las entidades bancarias privadas, inclinadas a obtener los máximos réditos legales a sus fondos, habían sido la plataforma de lanzamiento de las diferentes cajas. Así, España llegó a contar con varios centenares de Cajas de ahorro y Monte de Piedad, una forma de acercar el dinero a emprendedores, autónomos y pequeños ahorradores. Sin embargo, la escasa formación bancaria, los fracasados intentos en inversiones inmobiliarias, la excesiva politización y la exagerada corrupción, unidas a la crisis financiera de 2008, las hicieron desaparecer, a costa de grandes desembolsos por parte del Estado.
De todo ello podemos dar fe los españoles que pasamos de la cincuentena. Vivimos la época de las vacas flacas y hemos tenido la suerte de ver la otra cara de la moneda. Con la llegada de la democracia, España llegó a ocupar el quinto puesto entre las naciones europeas con cierto poder económico. Dejamos de ser la mano de obra barata de una Europa que resurgía con el “Plan Marshall”, para unirnos a una UE que se convertía en la avanzadilla occidental de la técnica y el desarrollo. La unión hace la fuerza.
Cuando el Estado se hace responsable de la prestación de una serie de servicios con cargo a los PGE, llegamos al llamado Estado de Bienestar. En esencia, se pretende distribuir los recursos de forma justa para intentar reducir las diferencias entre ricos y pobres. Por desgracia, el sistema está atravesando una profunda crisis por lo caro que resulta, la elevada presión fiscal que conlleva y la poca eficacia que demuestra en algunos casos. La diferente forma de entender la política económica entre liberales y progresistas nos lleva, no pocas veces, a diferencias abismales en el balance final de cada mandato, de forma que la derecha se ve siempre obligada a comenzar el suyo haciendo frente a endeudamientos nada fáciles de corregir.
Soy consciente de que mis ideas serán criticadas por los ciudadanos que estén conformes con el gobierno actual y con los partidos que le sostienen. Cuento con ello, convencido de que más de uno, en su fuero interno, sabe que tengo razón. Aquellos que no quieran reconocerlo tampoco conseguirán que cambie mi forma de pensar. Entre otras cosas, estarán contribuyendo a reafirmarme en la necesidad de denunciar un hecho fehaciente. El día que alguien me demuestre que en los paraísos del camarada Marx es verdad que no hay pobres ni millonarios, que los ciudadanos son libres para pensar y manifestarse, que se respeta la propiedad, que las leyes y la justicia son iguales para todos, y que no acaban convirtiéndose en dictaduras asesinas, ese día me tiraré del caballo.
No quiero perder más tiempo definiendo la conducta de Sánchez y Cía. Sé que no está dispuesto a cambiar y sólo pretendo desenmascararle ante la miopía de más de uno. Nos ha llevado a una situación muy difícil, que nos obligará a sacrificios casi olvidados. Esos sacrificios que exige para los demás y de los que él se considera exento. Para quedar bien con Bruselas se saca de la manga un decreto -salido de la superpoblada agencia de doctos asesores –y asesoras- que nadie sabe dónde se alojan, a qué se dedican y cuánto cobran, para que nos apretemos el cinturón en las cuatro estaciones del año.
Les viene tan grande el cargo que, a la hora de redactar el decreto para el ahorro de energía, fallan en la forma y en el contenido. De un texto de 80 páginas, casi 30 son el preámbulo. Uno diría que pretenden aclarar toda posible duda dando previa respuesta antes de conocer la interpelación. Pues se han lucido. Nada queda aclarado –ni para algunos gobernantes de su cuerda- y, además puede ser inconstitucional. En más de un párrafo, da la sensación de querer ponerse la venda antes de que aparezca la herida. Pero, por ejemplo, ¿alguien puede explicar qué relación tiene el ahorro de energía con la política de becas?
Cuando la opinión pública se permite el lujo de discrepar del gobierno, entra en acción la conocida Ley del Embudo:
Artº 1.- “En España se cumplen las leyes, con dos excepciones: Una; en determinadas circunstancias, se concede al Gobierno la posibilidad de eludir aquellas que supongan alguna molestia para el Presidente o determinados ministros, y dos; las disposiciones que se opongan a los ideales de los políticos nacionalistas que apoyen al Gobierno serán valoradas por ellos mismos”
Artº 2.- “Aclarado el artº 1, el Gobierno se esforzará en velar por el cumplimiento de cualquier Decreto, sancionando duramente cualquier conducta de la oposición que pretenda su menoscabo”
¿Quién ha hablado de reducir el Organigrama montado por Sánchez? ¿Qué interés tienen algunos en impedir que el Presidente del Gobierno pueda hacer uso de aviones, helicópteros y automóviles para trasladarse con la mayor seguridad de un punto a otro, aunque estén separados por unas decenas de km.? La oposición debe apoyar al gobierno, sí o sí.
Desengañémonos, además de la calamitosa forma de gobernar, Sánchez ya ha dado suficientes muestras de altanería y autoritarismo. Los ahorros quedan para nosotros y el despilfarro para él. Sabe lo que se le viene encima y no quiere aflojar su dogal ni decir la verdad. Tiene que morir matando.