Tras los primeros años de la pandemia de COVID-19, que puso de manifiesto las deficiencias de los sistemas sanitarios de múltiples países, la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió a los países del mundo que invirtieran el 25% del presupuesto sanitario en atención primaria. Sin embargo, en un comunicado de prensa publicado 25 de mayo de 2022, Amnistía Internacional ha denunciado que ninguna Comunidad Autónoma se acerca a esa cifra.
Mathilde Liberal. Defensora de los derechos humanos.
Denunciada por el eslogan “¿Quién más tiene que pedirlo?”, Amnistía Internacional inicia una campaña afirmando que esta falta de inversión plantea muchos interrogantes sobre la capacidad y la voluntad de las Comunidades Autónomas de mejorar sus sistemas sanitarios. Y el derecho a la salud es un derecho humano fundamental.
En los presupuestos de 2022, el crecimiento medio de la inversión en Atención Primaria respecto del total destinado a Sanidad de las CCAA sobre las que existe información representa el 14,7%, un 10% menos que el aumento recomendado por la OMS. Además, las cifras varían mucho entre las Comunidades Autónomas: 22,52 en La Rioja, 18,83% en Cataluña, 13,04% en Murcia, o el 11,85% en las Islas Baleares. Las CCAA que han invertido menos del 10% son Madrid (8,83%), Cantabria (7,33%), Extremadura (6,24%), Islas Canarias (4,45%) y Navarra (1,99%). Finalmente, Galicia es la única Comunidad Autónoma que desinvierte, con una disminución de un 1,90%.
Más concretamente, algunas cifras muestran también las inversiones de las CCAA en personal de Atención Primaria, un sector que había sufrido mucho durante los primeros meses de la crisis de COVID-19 y que había sido objeto de mucho debate.
Aunque la media global sigue representado un aumento del 8,47% respecto a 2021, es similar al aumento del gasto sanitario en Atención Primaria entre 2019 y 2020. Además, persisten problemas de transparencia y accesibilidad a la información sobre la inversión en Atención Primaria en seis Comunidades: Andalucía, Aragón, Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco y Principado de Asturias. La información públicamente proporcionada por estas Comunidades no permite identificar la parte de las inversiones dedicadas a la Atención Primaria. Y ello es grave en las circunstancias actuales.
De forma más general, las cifras de inversiones en Sanidad indican que las Comunidades Autónomas no están cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud. Mientras que Cataluña, Madrid y Extremadura aumentaron sus inversiones en Sanidad en un 9,94%, 8,36% y 7,03%, respectivamente, las otras CCAA aumentaron sus inversiones menos de un 7%.
Aunque estas cifras se denuncian como una falta de inversión en sanidad que puede suponer una disminución del servicio público y de la asistencia social, Amnistía Internacional ha propuesto algunas soluciones que las Comunidades Autónomas deberían implementar para cumplir sus funciones sanitarias. Por nombrar solamente algunas, la organización afirma que las Comunidades Autónomas deben cumplir con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud e incrementar la inversión sanitaria, publicar sus Planes de atención primaria y duplicar la inversión destinada a la atención primaria durante los próximos años.
La Atención Primaria es clave para garantizar el derecho a la salud: atenderá el 70% de las necesidades de salud a lo largo de tu vida. Sin embargo, lleva años de recortes y desatención. El esfuerzo del personal sanitario ha sido enorme, pero sin financiación adecuada hay riesgo de no poder garantizar el derecho a la salud. Colas y listas de espera eternas, retrasos en diagnósticos y seguimiento insuficiente de enfermedades crónicas, carencias en atención a la salud mental... ¿Te suena? Son las consecuencias de la falta de inversión en la Atención Primaria. La mayoría de los presupuestos de las Comunidades Autónomas no cumplen la promesa de reforzar significativamente su financiación, incumpliendo su obligación inmediata de garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute del derecho a la salud.