Las informaciones de los últimos tiempos sobre pelotazos de comisiones millonarias de familiares y amigos de Ayuso, presidenta de la Comunidad y de los de Almeida, alcalde de la capital, son de lo más rastrero, infame y perverso conocido en los últimos tiempos atribuible a la clase política; una patada fulminante de kickboxing en los genitales de los españoles. Que los comisionistas miembros de la aristocracia, Medina, hijo del duque de Feria y su amigo Luceño, se hayan repartido casi 6 millones de euros de dinero público de la comisión cobrada al ayuntamiento de Madrid por el suministro de material sanitario en pleno Estado de Alarma, en la primera ola de la pandemia de la Covid-19, gastándoselos posteriormente en viajes, coches de lujo y yates, de cientos de miles de euros, es un escándalo mayúsculo, máxime cuando en esos momentos morían más de 300 personas al día en Madrid por el coronavirus, las morgues estaban repletas de cadáveres, los ciudadanos no podíamos salir de casa, los sanitarios trabajaban exhaustos por la escasez de medios provocada por las políticas ultra liberales de los gobiernos del PP del último cuarto de siglo en la capital y en la Comunidad, el tejido productivo estaba parado y la desesperación colectiva era el común denominador de la sociedad española.
Resulta insultante, también, que el nuevo presidente del PP, el “aparentemente” moderado Feijóo, no sepa responder categóricamente cuando le preguntan por esta problemática, limitándose a defender al alcalde de Madrid, diciendo que cuando éste se ha enterado se ha mostrado contundente en apoyar la querella contra los beneficiarios de la comisión, cuando todos sabemos, por las declaraciones incluso de uno de los comisionistas, que el ayuntamiento, los familiares del alcalde y los responsables de contratos del consistorio tenían información suficiente al respecto. Como ha dicho acertadamente nuestro querido Juanjo Millás “Almeida no ha tenido nada que ver con la estafa de las mascarillas del ayuntamiento de Madrid. Sólo es el Alcalde”. Bueno, Feijóo es listo, sabe que condenar sin paliativos estas conductas provocaría el recuerdo social que todos tenemos de la foto del líder del PP con uno de los narcotraficantes más famosos de España, condenado a largas penas de prisión, Marcial Dorado, en un yate de propiedad del condenado, disfrutando de los lujos vetados a la inmensa mayoría de españoles.
Por su parte, casi un año más tarde, en enero de 2021 y en pleno temporal de nieve, el denominado “Filomena”, el ayuntamiento de Majadahonda, en Madrid (también gobernado por el PP) contrató a una empresa de vinos y licores –afín al PP- para quitar nieve con las máquinas y en los albaranes acreditaban que lo habían hecho con una máquina desguazada en el año 1992 y por lo que cobró cerca de 300 mil euros y el contrato fue adjudicado por emergencia, sin publicidad y sin concurso público. Además, esa empresa ha recibido 17,5 millones de euros del gobierno de Ayuso. Mientras todo esto ocurría, muchos ciudadanos que viven en las chabolas de la Cañada Real madrileña ni tenían energía eléctrica ni calefacción en sus viviendas. Esta es la política de corrección de desequilibrios sociales que practica el PP, que sólo propugna la bajada de impuestos (eso sí, para los más poderosos, bajando una miseria para las clases más desfavorecidas) sin importarle la progresiva destrucción de las políticas públicas (sanidad, educación, políticas sociales), que deben ser universales y gratuitas para todos los ciudadanos. Pero eso a ellos no les importa porque tienen recursos para acudir a la sanidad y a la educación privadas. España es, además, uno de los países de la UE con la presión fiscal más baja.
Las bajadas de impuestos en situaciones económicas críticas como las actuales tienen que ponderarse adecuadamente. Vemos diariamente que se despide masivamente personal sanitario por parte de las Comunidades Autónomas –que son las que tienen las competencias-, que, además de ello, tienen salarios ridículos y los medios de la sanidad pública son cada día más precarios; hemos podido comprobar que la vida, la salud y la dignidad de las personas mayores ha sido vilipendiada sistemáticamente durante la pandemia en las residencias, que también son competencia de las Comunidades Autónomas y que en los colegios la ratio alumnos profesor aumenta progresivamente, lo que supone un detrimento de la calidad educativa, también de competencia autonómica. Y en la que más hemos visto esos desajustes, esas indignidades, esas presuntas corruptelas, ha sido en la comunidad madrileña, no debemos olvidarlo.
En estas condiciones, cuando se deben potenciar las políticas públicas -esas que garantizan el Estado del Bienestar- no es el momento de plantear bajadas de impuestos –que, por otra parte, sabemos que demagógicamente quién las plantea lo hace con el objetivo de llegar al poder cuanto antes, engañando, manipulando datos y luego no lo cumplen; no lo cumplió M. Rajoy cuando llegó al poder en 2011, sino que hizo todo lo contrario, subió de forma desproporcionada y cruel los impuestos indirectos, esos que afectan al consumo de todos, seas más rico o más pobre- o al menos, si se plantea, que sea una bajada para las rentas más bajas que lleve aparejado, como contrapartida, la subida de impuestos a rentas más altas y la rigurosa inspección tributaria y laboral de los grandes hacendados y los que perteneciendo a esa clase social saben defraudar y evadir capitales. Y el ejemplo más cercano lo tenemos en los beneficiarios de las millonarias comisiones de los contratos del ayuntamiento de Madrid, que compraron un lujoso yate y lo matricularon en Gibraltar para no pagar los tributos en España. Eso sí, luego ese yate tiene una gran bandera española, portada por sus titulares, además de otras como pulseritas, dando a entender a todos que son los más patriotas del mundo. Mucho patriotismo, pero “si puedo, no pago impuestos en España, total, si yo quiero sanidad voy a la privada, si quiero educación, también, porque me lo puedo pagar”. Ese es su mensaje. Y ante ello, señor Feijóo no se puede ser tolerante, ante eso hay que defender el interés público y atender las necesidades de todos los españoles, sobre todo los que menos recursos tienen, los más vulnerables, porque los aristócratas y los grandes hacendados ya pueden defenderse ellos con su riqueza y patrimonio.
Lo que tiene que hacer el PP es pedir perdón a los españoles por la corrupción pasada y la nueva, porque cuando finalizo estas líneas se ha conocido que la Audiencia Nacional ha condenado por tercera vez al PP por lucrarse de las actividades corruptas de la Gúrtel. ¿No sería mejor que todo ese dinero ingresado indebidamente por la corrupción el PP lo entregara a los españoles que más lo necesitan? A ver si Feijóo tira la primera piedra, pide perdón y cesa de todo el personal del PP que ha tenido algo que ver con esas tramas corruptas y abandonan la sede de Génova 13 reformada con dinero negro. Bueno, si hace eso a lo mejor también se tiene que cesar a sí mismo. No obstante, aún quedan muchos procedimientos penales por sustanciar, entre ellos, los del presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, el PP de Castilla y León y el salmantino.