La falta de vacuna es una realidad y uno de los principales motivos del retraso de África en la lucha contra el covid-19. Sin embargo, David Harrison, asesor de la vacuna del gobierno sudafricano, alerta sobre la pobreza como la gran barrera de la mayoría de los países, que no pueden pelear en el mercado global de la vacuna.
Autor: Crispín Engo Mikue. Defensor de los derechos humanos.
En ello influye también de manera decisiva no solo el bajo PIB per cápita sino también la tremenda desigualdad que atraviesa su sociedad, en la que unos pocos blancos acaparan casi todo. Si bien la vacuna es gratuita, la pobreza es tal que en muchos casos las familias han de elegir entre pagar el transporte hasta el centro de vacunación o comer.
Por otra parte, el citado asesor recalca el gran problema de salud pública que supone el virus de inmunodeficiencia (VIH) y su enfermedad asociada, el SIDA. Varios estudios anteriores al lanzamiento de las vacunas contra la COVID-19 muestran que las personas con VIH tienen entre un 30 y un 50 % más de probabilidades de morir a causa de la pandemia actual. Además, si no se afronta la pandemia con la suficiente urgencia en países con altas tasas de VIH avanzado no controlado, podrían surgir variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que se contagien más fácilmente entre las personas o resten eficacia a las vacunas. Por el contrario, ambas enfermedades podrían frenarse de manera más efectiva si se abordaran simultáneamente, con respuestas de salud pública fortalecidas por las lecciones aprendidas de ambas.
En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó una plataforma para datos clínicos estandarizados obtenidos de personas con sospecha o confirmación de COVID-19. Un análisis preliminar de datos de 37 países (aunque la mayoría provienen de Sudáfrica) reveló que las personas con VIH tenían un 30 % más de probabilidades de morir por COVID-19 que las demás contagiadas.
En un análisis más detallado de casos hospitalizados en Sudáfrica basado en la población de alrededor de 3,5 millones de personas de la Provincia Occidental de El Cabo (alrededor de 500 000 de las cuales eran seropositivas), las personas con VIH tenían el doble de probabilidades de morir por COVID-19. Pero para aquellos con VIH no controlado o avanzado, el riesgo de morir por COVID?19 era casi cuatro veces mayor.
Otros informes del año pasado de varios países indican que las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden infectarse con el SARS-CoV-2 durante varias semanas o meses. (Por el contrario, aquellos que están sanos tardan, en promedio, alrededor de dos semanas en eliminar una infección). Tales infecciones prolongadas se han documentado principalmente en personas que reciben quimioterapia contra el cáncer y otros agentes inmunosupresores. Pero también se han visto en personas con VIH avanzado no controlado.
Además, se debe tener en cuenta que una infección prolongada por COVID-19 en alguien inmunocomprometido puede conducir a la aparición de una variante que sea más transmisible incluso que las variantes conocidas o que haga que las vacunas actuales contra el COVID-19 sean menos efectivas.
En este sentido hay que resaltar un mayor compromiso de los gobiernos africanos para abordar la crisis del VIH; acuerdos con productores de terapias antirretrovirales para reducir precios; y más fondos proporcionados por organizaciones como el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR) y el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Sin embargo, 8 millones de personas con VIH en el África subsahariana (alrededor del 21 % de los 37,7 millones de personas afectadas en todo el mundo) no reciben una terapia antirretroviral eficaz. Algunas personas tienen dificultades para acceder a las clínicas para recibir tratamiento. Otros podrían no haber sido diagnosticados. Sin embargo, otros pueden desconocer las opciones de pruebas y tratamientos disponibles, o se resisten a ponerse en contacto con los proveedores de atención médica porque temen la estigmatización, entre otras razones.
Parte del problema son los sistemas de salud sobrecargados. Más de 1300 trabajadores de la salud murieron a causa de la COVID-19 entre marzo de 2020 y agosto de 2021 solo en Sudáfrica. Miles más podrían dejar la profesión debido al impacto de la COVID-19 en su salud física y mental, según un informe del Consejo Internacional de Enfermeras. La financiación para el VIH también ha disminuido. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido recortó el gasto en ayuda internacional este año, lo que provocó recortes de fondos de más del 80% para organizaciones clave involucradas en la respuesta global al VIH, incluido el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). En estas circunstancias, la desigualdad, la pobreza y la falta de cooperación internacional son verdaderos obstáculos en la lucha por el derecho a la salud.